La jueza de distrito Silvia Carreño Coll, del Tribunal federal en Puerto Rico, denegó una solicitud presentada por los abogados del banquero venezolano Julio M. Herrera Velutini, para desestimar el caso en el cual también está acusada la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.

En la orden, que tiene fecha del viernes, 6 de junio, y que consta de 18 páginas, Carreño Coll determinó que la desestimación de una acusación invade directamente el papel fundamental del gran jurado y solo procede en circunstancias extremadamente limitadas.

“Herrera (Velutini) no ha demostrado que se justifique tal intervención en este caso”, dijo la jueza, quien también denegó una petición pendiente del exagente federal Mark T. Rossini para desestimar varios cargos en su contra.

La decisión de Carreño Coll surgió a solo días de que se celebre una vista de estatus, pautada para el 9 de junio, para informar cómo van las negociaciones entre las partes para alcanzar un posible acuerdo, lo que podría anular la celebración del juicio programado para agosto.

Según el documento, los abogados de Herrera Velutini solicitaron, en octubre de 2024, la desestimación del caso citando decisiones recientes del Tribunal Supremo de Estados Unidos y cuestionando la constitucionalidad de las leyes utilizadas para presentar los cargos en su contra.

Sin embargo, Carreño Coll argumentó que, por regla general, una acusación formal debe ser clara, concisa y definida, con los hechos esenciales que se le imputen al acusado.

Al citar sentencias previas, Carreño Coll añadió que una acusación es suficiente si contiene los elementos del delito imputado, informa al acusado de los cargos que debe enfrentar y le permite presentar una defensa.

Los abogados de Herrera Velutini presentaron una moción argumentando que las decisiones relevantes del Tribunal Supremo federal, posteriores a la acusación, incluyendo Snyder v. Estados Unidos y Percoco v. Estados Unidos, evidencian que el gobierno se extralimitó gravemente al presentar los cargos, que no alegan ningún acuerdo de quid pro quo que involucre actos oficiales.

Añadieron que la decisión en el caso Snyder v. Estados Unidos obliga a la desestimación porque la acusación no alega un elemento esencial, a saber, cualquier acuerdo para que la exgobernadora realizara un “acto oficial”.

No obstante, Carreño Coll indicó que “la impugnación de Herrera no acierta” y que “el estatuto de soborno en programas federales no requiere un acto oficial. Aun si se interpretara que lo requiere, la acusación formal alega suficientemente tanto el soborno en programas federales como el fraude por servicios honestos mediante medios electrónicos”.

En agosto de 2022, un gran jurado emitió una acusación de siete cargos contra Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini por conspiración, soborno relacionado con programas federales y fraude electrónico de servicios honestos.

Sin embargo, Herrera Velutini también enfrenta cargos que se relacionan con un presunto esquema de soborno distinto, para el cual se ha ordenado un juicio separado.

Presuntamente, Vázquez, Herrera Velutini, propietario de Bancrédito, Rossini, consultor profesional, y otras personas no acusadas formalmente, participaron en un esquema de soborno mediante el cual la exgobernadora presuntamente reemplazó al jefe de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, por una persona elegida por Herrera Vellutini a cambio de contribuciones políticas y servicios de consultoría, según el documento judicial.

Este cambio de personal supuestamente ocurrió luego de investigaciones de la OCIF sobre posibles violaciones regulatorias por parte de Bancrédito.

De acuerdo a la orden y opinión de Carreño Coll, “estas alegaciones son más que suficientes para evitar la desestimación, y le corresponde al jurado, no al Tribunal, decidir si esas acciones constituyen un acto oficial o prueban un acuerdo para realizar uno”.

“Aquí, se alega que Herrera (Velutini) preparó un plan para privar al público de los servicios honestos de un funcionario público mediante el soborno“, dijo.

Carreño Coll indicó que el acusado “no ofrece ningún argumento convincente, ni el Tribunal puede identificar alguno”.

En cuanto a los argumentos de la representación legal de Herrera Velutini sobre la Regla de Lenidad y la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la togada insistió en que “ninguna salva su impugnación”.

La jueza planteó que la lenidad no aplica y que Herrera Velutini no demostró que el estatuto haya sido aplicado de forma que amenace el ejercicio legítimo de los derechos de la Primera Enmienda.