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Se inhibe segunda jueza que atendería la vista preliminar contra el suspendido alcalde de Ponce

Ahora, el caso contra Luis Irizarry Pabón fue referido a la jueza administradora de la Región Judicial de Ponce, Lissette Toro Velez

6 de febrero de 2024 - 5:31 PM

Updated At

Actualizado el 6 de febrero de 2024 - 7:50 PM

Luis Irizarry Pabón, suspendido alcalde de Ponce, enfrenta cargos por violación a la Ley de Ética Gubernamental y enriquecimiento injustificado. (Josian Bruno/GFR MEDIA)

Tras la inhibición del juez Rubén Serrano Santiago en el caso contra el suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, la jueza Lizandra Avilés Mendoza, a quien se había asignado el pleito, tomó la misma determinación por iniciativa propia debido a que su esposo labora como contratista en el gobierno municipal de la Ciudad Señorial.

Ante esta situación, el caso contra Irizarry Pabón, quien enfrenta cargos criminales por supuestamente solicitar dinero a empleados para pagar un préstamo personal, fue referido a la jueza administradora de la Región Judicial de Ponce, Lissette Toro Velez, para que lo asigne a otra sala, pues los jueces inhibidos son los que presiden las salas de vista preliminar.

En su resolución emitida el lunes, la jueza Avilés Mendoza, de la sala 403 del Tribunal de Ponce, planteó que su esposo, el exalcalde de Guayanilla Nelson Torres Yordán, “fue contratado por el Municipio Autónomo de Ponce para brindar asesoramiento legal al alcalde y al secretario municipal” desde septiembre de 2023.

“La relación abogado cliente entre el imputado y mi esposo puede arrojar dudas sobre la imparcialidad al adjudicar y puede minar la confianza pública en el sistema de justicia”, señaló la jueza Avilés Mendoza en la resolución de inhibición.

Mientras, el juez Serrano Santiago emitió, el 2 de febrero, una resolución para inhibirse, aunque, en el escrito, rechazó las alegaciones que Irizarry Pabón y su defensa habían esbozado en una moción en la que le solicitaban su recusación.

El togado planteó que, para “evitar más dilaciones y complicaciones innecesarias en este caso”, optó por solicitar que el pleito se reasignara a su sala pareja.

La resolución de Serrano Santiago detalla que el imputado alega que tuvo una relación laboral, en un grupo médico, con un supuesto cuñado del juez y que su adversario político del Partido Nuevo Progresista (PNP), el licenciado Pablo Colón Santiago, había recomendado a su esposa para un ascenso a jueza superior.

La defensa manifiesta que se mueven motivados por salvaguardar la imagen de imparcialidad de los jueces. Sin embargo, dicho propósito no se consigue con argumentaciones frívolas, basadas en falsedades. El señor Irizarry Pabón y sus abogados (José Andreu Fuentes y Ricardo Prieto García) laceran la imagen del Poder Judicial injustificadamente”, escribió el juez, al señalar que los abogados deben hacer la diligencia de corroborar los hechos que alegan.

Serrano Santiago aclaró que su esposa solo tiene una hermana y un hermano, ambos ingenieros y que no trabajan en Ponce, ni conocen a Irizarry Pabón. Asimismo, estableció que, para el ascenso de su esposa al cargo de jueza superior, el licenciado Colón Santiago fue uno de los abogados que “dio fe de la reputación y capacidad profesional de la jueza Luz Delisa Fraticelli Alvarado y recomendó su ascenso, luego de esta fungir como juez(a) municipal por 20 años”.

“El imputado y la defensa presentan al Poder Judicial como una institución tan débil que un abogado es capaz de controlar una región judicial completa. Tal visión es simplista e incorrecta; y tiene el efecto de crear, en el público, una percepción negativa e incorrecta del trabajo que se realiza en los Tribunales”, añadió el juez, quien recordó que el proceso de nombramiento y ascenso de jueces es “altamente reglamentado”.

Irizarry Pabón, quien es el candidato a la reelección por el Partido Popular Democrático (PPD), fue acusado, el 31 de octubre de 2023, de cuatro cargos por violaciones al Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental y el Artículo 251 del Código Penal, por presunto enriquecimiento injustificado.

La investigación sostiene que Irizarry Pabón solicitó dinero a directores y empleados de confianza para pagar un préstamo personal de $50,000 –que tomó con el Banco Popular–, destinando $30,000 a su campaña electoral de 2020.

PPD no exigirá renuncia de inmediato

El PPD dio paso a la candidatura a la reelección de Irizarry Pabón, pero condicionado al proceso judicial que enfrenta. De acuerdo con lo informado, el suspendido alcalde debía renunciar voluntariamente a su candidatura si se encuentra causa para juicio o si el proceso se atrasa más allá del 28 de febrero.

A pesar de que la vista preliminar se fijó tentativamente para el 14 y 15 de marzo, el PPD no exigirá, de inmediato, la renuncia de Irizarry Pabón, reafirmó este martes el secretario general de la colectividad, Gerardo “Toñito” Cruz durante una conferencia de prensa.

Cruz reiteró que el PPD “va a hacer valer su acuerdo”, y aseguró que se reunirá esta semana con Irizarry Pabón y el represente Ángel “Tito” Fourquet para “dialogar”. Fourquet ha dicho que estaría disponible para sustituir a Irizarry Pabón en la candidatura por la alcaldía ponceña.

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La periodista Amanda Pérez Pintado colaboró en esta historia.

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