La defensa de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced solicitó atrasar la vista de sentencia que está pautada para el próximo 8 de enero en el Tribunal Federal en San Juan.

En una moción presentada este lunes, los abogados de Vázquez Garced alegaron que todavía no ha concluido el proceso para resolver las objeciones que presentaron ante la Oficina de Probatoria sobre el lenguaje contenido en el Informe Presentencia.

En octubre pasado, la defensa planteó que tenía objeciones con parte del contenido en el informe, ya que mencionaba hechos que están contenidos en el pliego acusatorio original, de siete cargos criminales, que va a quedar descartado por el acuerdo alcanzado con la Fiscalía federal.

La defensa de la exmandataria indicó que después de varias gestiones, un informe enmendado fue presentado el pasado 5 de diciembre.

“Sin embargo, el proceso informal de resolución no ha concluido”, sostuvo la moción, indicando que el 23 de diciembre hubo una reunión para “discutir lenguaje adicional propuesto para la sección de la conducta relevante y está esperando la decisión” de la oficial probatorio, sobre “si emitir un segundo Informe Presentencia enmendado o atender las sugerencias de la defensa en un anejo”.

El caso surgió en agosto de 2022, cuando un gran jurado emitió una acusación de siete cargos contra Vázquez Garced, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el asesor financiero Mark Rossini por conspiración, soborno en programas federales y fraude electrónico por servicios honestos.

Las autoridades federales sostuvieron que los tres, junto con otras personas no acusadas, participaron en un esquema de soborno mediante el cual la exgobernadora, presuntamente, reemplazó al jefe de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, por una persona elegida por Herrera Velutini. El banquero venezolano, en cambio, supuestamente accedió a realizar contribuciones políticas a la campaña primarista de la entonces gobernadora y a financiar servicios de consultoría.

Tras alcanzar un acuerdo con la plana mayor del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los cargos originales fueron archivados y los tres hicieron alegación de culpa por un delito menos grave de violación a la Ley federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés).

En la moción de esta semana, los abogados de Vázquez Garced plantearon que los representantes legales de Herrera Velutini y Rossini informaron que el Ministerio Público también “ha solicitado la inclusión de las alegaciones descartadas de soborno y conspiración de la acusación original como conducta relevante en cada uno de sus Informes Presentencia”.

“Esto plantea una importante cuestión jurídica común a los tres acusados: si las alegaciones de un escrito de acusación que el gobierno decidió desestimar pueden constituir adecuadamente una conducta relevante al dictar sentencia por un delito completamente distinto del que se declararon culpables. Los acusados ​​se declararon culpables de una infracción relacionada con el financiamiento de campañas (aceptar la promesa de una contribución extranjera), mientras que el gobierno ahora pretende que el Tribunal considere al dictar sentencia las mismas alegaciones de soborno que abandonó”, apuntó la defensa de Vázquez Garced.

“La fecha actual de sentencia del 8 de enero de 2026 no deja tiempo suficiente para completar el proceso de resolución informal, en particular dado que la reunión más reciente con el oficial de libertad condicional ocurrió el 23 de diciembre de 2025, en medio del período de vacaciones, lo que dejó tiempo insuficiente antes de la sentencia para resolver los asuntos pendientes”, apuntó.

Por su parte, la Fiscalía federal presentó hoy, martes, su oposición a que la vista de sentencia sea pospuesta.

“No hay nada en el expediente que justifique que no se hayan planteado modificaciones adicionales al Informe Presentencia antes de la reunión del 23 de diciembre de 2025 con el Oficial de Probatoria”, argumentó la Fiscalía. “Las demás razones citadas por el acusado no se basan en ningún precedente legal y no constituyen causas válidas para un aplazamiento”.

La vista de sentencia de Herrera Velutini fue atrasada para el 29 de enero debido a que su abogado no podía asistir el 8 de enero por motivos de salud.

Mientras, Rossini volvió a solicitar que se atrase la vista de su sentencia para el 29 de enero.

No es la primera vez que buscan ese cambio de fecha para el dictamen de la condena, que estaba para el 10 de diciembre, proponiendo moverlo para uno de los días entre el 27 y el 29 de enero.

Sin embargo, la jueza Silvia Carreño Coll concedió una prórroga, pero para el 8 de enero al no entender que hubiera razón para una extensión adicional.

Luego, el 9 de diciembre solicitaron la necesidad de cambiar el día de la sentencia debido a que necesitaban tiempo adicional para contestar al Informe Presentencia.

“Contiene numerosas inexactitudes fácticas y una extensa narrativa de 27 párrafos sobre la conducta delictiva que va mucho más allá de los hechos específicos estipulados por el señor Rossini. Lo más preocupante es que el informe cita repetidamente argumentos y alegaciones de la moción de un codemandado y los atribuye erróneamente al señor Rossini, a pesar de que este nunca se adhirió ni adoptó dicha presentación. Esto crea una carga significativa, obligando al abogado a dedicar tiempo a desmantelar una narrativa que no tiene nada que ver con el señor Rossini”, indicó la defensa en aquel momento.

La solicitud no fue contestada, así que la defensa radicó una nueva petición el pasado 28 de diciembre.

En una nueva moción radicada esta semana, Rossini señala que la defensa presentó sus objeciones al informe ante la Oficina de Probatoria del Tribunal Federal.

“A la fecha, la defensa no ha recibido una respuesta de la Oficina de Probatoria atendiendo las objeciones”, sostuvo.

“Una posición, entonces, es necesaria para permitir a las partes cumplir con las reglas locales, completar el proceso de consulta y asegurar un expediente certero y completo antes de la sentencia”, afirmó.