El Tribunal de Apelaciones desestimó la demanda que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) presentó contra el gobierno de Puerto Rico por requerir la certificación de prensa, que emite el Departamento de Estado, para que los periodistas accedan a las conferencias de prensa convocadas por la gobernadora Jenniffer González o algún funcionario de La Fortaleza.

De esta manera, el foro intermedio revocó la determinación del Tribunal de San Juan, que había concluido que dicho carné no era válido para determinar quién podía acceder a la las conferencias convocadas en la mansión ejecutiva.

“Al existir un ente administrativo designado para expedir las certificaciones a los periodistas, resulta razonable y neutral la directriz del Estado de solicitar acreditación. Este acto no contra ciñe disposición constitucional alguna ni limita la libertad de prensa. Además, se trata de una medida razonable para facilitar la entrada a las convocatorias de prensa”, lee parte de la sentencia.

La determinación la tomó un panel apelativo conformado por los jueces Grace Grana Martínez, Eric Ronda del Toro y Glorianne Lotti Rodríguez.

Según la sentencia, el requisito del Estado se trata de una “directriz general para todos los periodistas que interesan asistir a la conferencia de prensa. De esta, no surge que se le limite el acceso a la conferencia de prensa a ciertos periodistas o medios, ni que se distinguió entre sectores o miembros de la prensa”.

“El Estado tampoco impidió el trabajo del periodismo como tal, sino que, para entrar al recinto, de La Fortaleza, que funciona como residencia del gobernante, la persona debe portar una certificación que emite el Departamento de Estado. La instrucción fue a todo periodista, sin distinción del medio al cual pertenezcan o si laboran como ‘freelance’”, añade el documento, redactado por el juez Ronda del Toro.

El Apelativo favoreció el planteamiento del gobierno respecto a que el Tribunal de Primera Instancia “abusó de su discreción al emitir una sentencia declaratoria y conceder un ‘injunction’ preliminar y permanente sin celebrar una vista evidenciaría”.

La demanda, incoada el pasado diciembre, surgió luego de que se les negara la entrada a dos periodistas del CPI a una conferencia de prensa convocada en la mansión ejecutiva por no contar con el carné de prensa estatal.

El panel apelativo también señaló que los demandantes no agotaron los mecanismos para lograr acceso a las conferencias de prensa, pues no evidenciaron solicitar el carné y que se les haya negado.

En febrero, la jueza superior Iris Cancio González determinó que esta identificación no era un mecanismo válido para determinar el acceso, prohibió que se les exigiera a los periodistas del CPI y entendió que se estaba limitando el derecho constitucional a la libertad de prensa.

“No hay duda de que esta actuación de los demandados coarta e incide sustancialmente sobre la función periodística de los demandantes al denegarles acceso total a las conferencias de prensa semanales que se llevan a cabo en La Fortaleza. El hecho de denegar el acceso total impide que estos periodistas puedan acceder a información pública esencial”, subrayó, entonces, la togada.

La referida acreditación se contempló como parte de la Ley 22 de Tránsito para que el Departamento de Transportación y Obras Públicas concediera unas tablillas especiales a los miembros de la prensa.

Desde 2025, cuando la gobernadora asumió su cargo, el personal de La Fortaleza ha requerido la referida identificación para acceder a, por lo menos, las tres conferencias de prensa fijas que ofrece semanalmente el Ejecutivo. Esta no era una práctica en pasadas administraciones.

Gremios como la Asociación de Periodistas de Puerto Rico se han opuesto a este requerimiento, pues su solicitud y tenencia es voluntaria.