El Tribunal de Apelaciones determinó que un informe del Departamento de Justicia no contiene prueba exculpatoria contra los acusados en el caso por la compra fallida de pruebas de COVID-19, en 2020, por lo cual el empresario Aaron Vick y el abogado Juan Maldonado no tienen derecho a tener acceso a él previo al juicio.

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De esta manera, el proceso judicial en contra de Vick y Maldonado continúa ahora en manos del Tribunal de Primera Instancia para que se lleve a cabo el juicio, informó la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

De acuerdo con el FEI, la sentencia del Apelativo sostiene que “el sumario fiscal es privado y secreto”.

Asimismo, en declaraciones escritas, destacan que “tampoco existe un derecho constitucional a descubrir la prueba antes de juicio, por excepción, antes de iniciarse dicha etapa del procedimiento criminal”.

“En ausencia de prueba exculpatoria, la normativa de carácter excepcional no resulta aplicable al presente caso”, sostuvo el Tribunal de Apelaciones.

Los fiscales Ramón Mendoza Rosario y Zulma Fúster Troche están a cargo, en este momento, del caso.

Este es el más reciente capítulo de la saga para utilizar cerca de $40 millones en fondos públicos para la compra fallida de pruebas rápidas de COVID-19 a una empresa de construcción sin experiencia en la venta de productos médicos. Los cargos contra Vick y Maldonado habían sido desestimados, en 2021, por el Tribunal de Primera Instancia, decisión que fue validada por el Apelativo, pero luego revocada por el Tribunal Supremo. El máximo foro judicial reinstaló todos los cargos en 2023.

El FEI presentó cargos contra Vick por falsificación de documentos e intervenir indebidamente en las operaciones gubernamentales por su participación en el esquema. Mientras, contra Maldonado –exdirector de la Autoridad de Transporte Marítimo- se presentaron cargos por tentativa de fraude, falsificación, posesión y traspaso de documentos falsificados e intervención.

La pugna llegó al Tribunal de Apelaciones el año pasado, para solicitar que se revocara un dictamen del juez superior que le ordenaba entregar a la defensa el Informe de Investigación Preliminar “por considerar que (determinadas partes) constituían evidencia exculpatoria”.