Brenda Liz Soto Santiago, la fiscal que indagó desde el principio el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, ocurrido el 11 de agosto, en Aibonito, fue removida del caso por la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, en medio de un reexamen del trágico suceso, que también ha desembocado en cuestionamientos sobre el proceder de los investigadores que tuvieron originalmente a cargo la pesquisa, supo El Nuevo Día.

Los motivos del reexamen del caso, y de la aparente investigación de la investigación, no se conocen. Pero varias fuentes dijeron que los fiscales ahora a cargo –Orlando Velázquez y Silda Rubio– han estado volviendo a entrevistar testigos, a los que preguntan no solo sobre su versión de los hechos, sino también del proceder de Soto Santiago y el agente investigador Ángel Torres Romero, de la División de Homicidios de Aibonito.

Soto Santiago y Torres Romero, quien continúa en el caso, fueron los primeros en llegar a la escena tras el asesinato de Pratts Figueroa y han establecido relaciones de confianza con las familias de los testigos, que son casi todos menores, y de la víctima, que fue asesinada un día antes de cumplir 17 años.

Según la pesquisa, el asesinato ocurrió al filo de la medianoche del domingo 10 al lunes 11 de agosto, como fatal desenlace de rencillas entre adolescentes. Una adulta de 40 años y su hija, quien al momento de los hechos era menor de edad, están acusadas del asesinato, pero no han sido aún enjuiciadas.

La secretaria ni ningún otro jerarca del Departamento de Justicia estuvieron disponible para entrevista sobre este asunto.

En declaraciones escritas, Gómez Torres se limitó a confirmar que Soto Santiago salió del caso. “Como hemos reiterado en ocasiones anteriores, nuestro interés es que el caso de Gabriela Nicole Pratts esté a cargo de fiscales con amplia experiencia en el manejo de procesos similares, en los cuales el Ministerio Público ha obtenido convicciones encausando como adultos a menores”, indicó la secretaria, quien aseguró que cuentan con un caso “sólido”.

Soto Santiago no estuvo disponible para entrevista, como tampoco Torres Romero.

Una semana después del asesinato, fueron acusadas Elvia Cabrera Rivera, de 40 años, y su hija, quien cumplió 18 años el pasado 23 de septiembre y está siendo acusada como adulta. El caso contra esta última está paralizado tras un perito en salud mental de la corte determinar que la adolescente, que fue estudiante de Educación Especial, no es procesable –en este momento– porque no está en condiciones mentales para cooperar con su defensa.

La joven será evaluada nuevamente la semana entrante. De este examen, dependerá si puede presentarse a la vista preliminar, cuyo próximo señalamiento es el miércoles 15 de octubre, o si continúa sin capacidad para enfrentar el proceso. En el último señalamiento, que fue suspendido porque la defensa de Cabrera Rivera no estaba lista para ver el caso, la jueza Marielem Padilla Cotto indicó que, independientemente de la determinación sobre la procesabilidad de la adolescente, procederá con la vista preliminar de la adulta el 15 de octubre.

Con la salida de Soto Rivera, no queda ya en el caso ninguno de los fiscales que tuvo a cargo la pesquisa. Hace dos semanas, fueron sacados otros dos fiscales que trabajaban la investigación junto a Soto Santiago, Edwin Ortiz Rivera III y Lourdes Cruz Vélez, ambos de la Fiscalía de Aibonito.

Soto Santiago, Ortiz Rivera y Cruz Vélez lograron los cargos de asesinato en primer grado, que es el más grave de todos los delitos, pues supone que fue un acto cometido a plena conciencia, en apenas una semana de investigación. El día de los arrestos, la secretaria de Justicia dijo sobre el caso: “Desde el primer momento, lo atendimos con diligencia y responsabilidad”.

Se desconoce qué, desde entonces, hizo pensar a Gómez Torres que había que cambiar el equipo de fiscales. El Nuevo Día supo que, a la jerarquía de Justicia, no le agradó que la Fiscalía de Aibonito no impugnara la determinación de no procesabilidad de la joven acusada, algo que, por lo regular, se hace más adelante en el proceso.

También, parece haber inconformidad en la cúpula de Justicia con que no haya, hasta el momento, más acusados, a pesar de que testigos apuntan a un incidente caótico en el que múltiples personas tuvieron alguna participación, aunque no haya sido directamente en el asesinato.

Una fuente cercana a la pesquisa dijo que se tomó la decisión de no someter más acusaciones porque serían faltas menos graves contra menores a los que necesitan como testigos.

También, hay otra sospecha en el panorama. Dos de los tres fiscales retirados del caso –Soto Santiago y Díaz Ortiz III– son identificados como vinculados al Partido Popular Democrático, mientras que, a Velazquez y Rubio, se les considera cercanos al Partido Nuevo Progresista. “Vieron a los populares saliendo mucho en televisión y actuaron”, dijo la fuente.

Luis R. Figueroa Rosario, un comerciante de Aibonito, que es familiar de uno de los testigos del caso, es de los que cree que el cambio de fiscales tuvo una razón política. “Fue por política. Sacaron a los populares y trajeron a los penepés. Los fiscales que estaban habían hecho un gran trabajo. La fiscal Soto es una dama, que sabe cómo tratar a los testigos”, dijo.