José Julio Rodríguez Cumba, alias “Chambi”, convicto por un presunto esquema de lavado de dinero que incluía premios de la Lotería Tradicional de Puerto Rico, fue sentenciado hoy, miércoles, a 30 años de prisión.

En comunicado de prensa, la Fiscalía federal detalla que la condena de 360 meses de cárcel fue emitida por el juez Pedro Delgado.

Al culminar la condena tras las rejas, tendrá que cumplir otros cinco años de libertad supervisada.

Según documentos judiciales, Rodríguez Cumba dirigía una organización de narcotráfico a gran escala que utilizaba medios de transporte terrestres y marítimos para importar y distribuir cargamentos de cientos de kilogramos de cocaína desde Sudamérica a Puerto Rico y los Estados Unidos continentales.

En abril pasado se declaró culpable por la importación ilegal de más de 2,000 kilogramos de cocaína.

“Rodríguez Cumba obtuvo millones de dólares en ganancias del narcotráfico. Este acusado instruyó a los miembros de la organización a usar la violencia y a poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras, para su protección y para el desarrollo de la organización”, apuntó el comunicado de la Fiscalía federal.

Asimismo, señaló que desde aproximadamente julio de 2023 hasta el 22 de mayo de 2024, mientras se encontraba en el Centro Metropolitano de Detención (CMD) de Guaynabo, Rodríguez Cumba provocó que otras personas introdujeran buprenorfina a la cárcel.

Tras el operativo que resultó en su arresto, el entonces fiscal federal Steven Muldrow señaló que Rodríguez Cumba “hizo esfuerzos para disfrazar las ganancias de los narcóticos como ganancias legítimas a través de varias entidades comerciales y depósitos por premios de la Lotería de Puerto Rico”.

Rodríguez Cumba aceptó la confiscación de varias propiedades, entre las que figuraba un yate de lujo, llamado el “El Ancla”, que es un Pershing de 2014 de 62 pies de eslora, así como otros bienes, como dinero en efectivo, bienes inmuebles y bienes muebles y así como armas de fuego.

La investigación fue encabezada por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), junto con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS-OIG), el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA).

El fiscal adjunto de los Estados Unidos, Ricardo Imbert Fernández, de la Sección de Crimen Organizado Transnacional, litigó el caso.