José Julio Rodríguez Cumba, alias “Chambi”, vinculado en el 2023 con un presunto esquema de lavado de dinero que incluía supuestos premios de la Lotería Tradicional de Puerto Rico, se declaró culpable el 14 de abril de dirigir una organización criminal.

Así lo anunció este viernes la Fiscalía federal mediante un comunicado de prensa, en el que se especificó, entre otras cosas, que Rodríguez Cumba fue acusado por un gran jurado de participar en una empresa criminal continua desde el 2011 hasta mayo de 2024.

Aunque fue arrestado por agentes federales el 4 de octubre de 2021, Rodríguez Cumba presuntamente ha continuado vinculado a la actividad criminal y en diciembre de 2023 la Fiscalía federal lo identificó como el líder de una “organización criminal de familia”.

Según documentos judiciales, Rodríguez Cumba dirigía una organización, que utilizaba medios de transporte terrestre y marítimo para importar y distribuir cargamentos de cocaína desde América del Sur con destino hacia Puerto Rico y Estados Unidos.

De acuerdo a la Fiscalía federal, el acusado admitió ser responsable de más de 2,000 kilogramos de cocaína que serían importados ilegalmente a Estados Unidos. Por este esquema, se expone a una pena mínima de 20 años de prisión y hasta cadena perpetua.

Las autoridades federales alegan que Rodríguez Cumba obtuvo millones de dólares en ganancias del narcotráfico. Además, “dirigía a miembros de la organización para que utilizaran violencia y poseyeran armas de fuego, incluidas ametralladoras, con fines de protección y para adelantar las actividades” ilegales.

Desde julio de 2023 y hasta el 22 de mayo de 2024, según la Fiscalía federal, mientras Rodríguez Cumba se encontraba en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Guaynabo, “provocó que otras personas introdujeran buprenorfina en la institución”.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, Rodríguez Cumba accedió al decomiso de diversas propiedades, incluyendo un yate de lujo conocido como “El Ancla”, una embarcación Pershing de 62 pies del año 2014, así como otros bienes que incluyen dinero en efectivo, bienes inmuebles, propiedad y armas de fuego.

Esta investigación fue liderada por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS-OIG), el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPIS), el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA).

El proceso fue presidido por el juez de distrito federal Pedro A. Delgado Hernández. Mientras tanto, el fiscal federal auxiliar Ryan R. McCabe, de la Sección de Recuperación de Activos, Lavado de Dinero y Crimen Organizado Transnacional, está a cargo del caso.

Cabe destacar que, en diciembre de 2023, un gran jurado emitió una acusación enmendada contra de 18 individuos, incluido Rodríguez Cumba, como resultado de una extensa investigación relacionada con una “organización criminal de familia” a gran escala.

Con el fin de disfrazar los ingresos procedentes del narcotráfico y hacerlos parecer como ganancias legítimas, la acusación alega que Rodríguez Cumba se involucró en múltiples entidades empresariales y depósitos por premios de la Lotería de Puerto Rico.

“La acusación incluye varios cargos por lavado de dinero. Se alega que José Julio Rodríguez Cumba hizo esfuerzos para disfrazar las ganancias de los narcóticos como ganancias legítimas a través de varias entidades comerciales y depósitos por premios de la Lotería de Puerto Rico, que él supuestamente ganó”, dijo el jefe de la Fiscalía federal, William Stephen Muldrow, durante una rueda de prensa.

El caso forma parte de la iniciativa de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF), un esfuerzo interagencial creado para combatir carteles, organizaciones transnacionales y redes de tráfico de personas que operan dentro y fuera de Estados Unidos.

La fuerza de tarea integra múltiples agencias federales, estatales y locales, incluyendo el FBI, la DEA, HSI, el Servicio de Alguaciles, la Policía de Puerto Rico y otras entidades, con el objetivo de coordinar recursos para investigar y procesar delitos de crimen organizado.