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Hace unos días, gracias al internet, escuchaba desde Nueva Zelanda un foro en el cual el licenciado José Alfredo Hernández Mayoral argumentaba que, bajo la cláusula territorial, el Congreso de Estados Unidos podía determinar que las leyes federales ambientales no aplicaran en Puerto Rico. En ese, así como en otros de los argumentos legales que esbozaba, Hernández Mayoral probablemente tenía razón.
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