


A casi cuatro décadas de la aprobación de la Ley 54 de 1989, una legislación pionera en la región y referente en la lucha contra la violencia doméstica, Puerto Rico enfrenta una paradoja inquietante. Mientras los datos del Negociado de la Policía reportan 3,498 incidentes de violencia doméstica hasta el 31 de julio, y el país se mantiene entre los territorios de mayor riesgo feminicida en América Latina y el Caribe, el Estado impulsa medidas que amenazan con desarticular el ecosistema de servicios que históricamente ha protegido a las sobrevivientes.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: