Estar en casa, protegerme del virus, proteger a mi familia, a mis padres e hijos para evitar el contagio es parte de las nuevas tareas asumidas. Mientras, para una víctima de violencia de género puede significar también protegerse de agresiones psicológicas, físicas, emocionales, amenazas y presiones financieras. 

Permanecer en cumplimiento con la Orden Ejecutiva 2020-023 emitida por la gobernadora, y cumplir con el distanciamiento social para prevenir el contagio del coronavirus, cosa que es absolutamente necesaria, incuestionable, colocará sin embargo, a muchas partes agresoras y a personas víctimas, en el mismo lugar.  Es paradójicamente lo que deberíamos evitar; pero ahora la consigna es mantenerlos aislados, distanciados, pero en un mismo espacio.  

La situación descrita puede convertir la emergencia salubrista en un mecanismo de poder, en una herramienta de control.  En un escenario donde probablemente la parte agresora asumirá y controlará el poder adquisitivo, será quien tome importantes decisiones de supervivencia familiar y de pareja.  A ello se unirá un ambiente agravado por mayor estrés, provocado por el propio confinamiento, donde las tareas del hogar no siempre son adecuadamente distribuidas; habrá tensión ante la posible pérdida de ingresos, escuelas cerradas, niños en la casa, estudios a distancia, cuido de nuestro adulto mayor y la realidad de la enfermedad.  Todo ello se convierte en un detonador para cualquier relación que esté matizada por el elemento de la violencia.  

En el caso de las mujeres, quienes históricamente llevan la peor parte, se ha señalado, además, que los prejuicios de edad y género confluyen en las de edad avanzada aumentando el riesgo de que sufran maltrato no solo por parte de sus parejas sino también en el entorno familiar o en las residencias de cuido. El envejecimiento de la persona será entonces, otra consideración en la ecuación de la violencia y agresión.  La protección del hogar y los menores se alzan como barreras para salir de situaciones de peligrosidad. La mayor dependencia económica y el miedo a romper los vínculos familiares inhiben a las mujeres y a aquellas de mayor edad a denunciar el maltrato.  Ahora, la protección de nuestras niñas en el distanciamiento también se impone.  La fragilidad e inhabilidad de defensa de estas, ante las circunstancias que vivimos, es asunto prioritario en la agenda protectora. 

Las víctimas de agresión de violencia doméstica, de género y agresión sexual se encuentran en momentos de gran vulnerabilidad.  El escenario parecería ser el adecuado para exacerbar tan terrible e inaceptable mal social.  El cumplimiento con el mandato gubernamental no puede inhabilitar la protección porque de ello ser así, si no me mata el COVID, me mata la violencia y la agresión. 

El estado de derecho en que vivimos no puede ser contradictorio, por ello conserva el deber de cuido, asistencia y protección.  La experiencia en pasados eventos naturales nos debe mantener en alerta pues advertimos, ante fenómenos recientes como fueron los huracanes Irma y María, el alza en asuntos como los relacionados, que han sido documentados por serios estudios académicos. 

La víctima de agresión debe buscar auxilio.  Todos los servicios del estado están disponibles: busca al vecino, al amigo, llama al 911, ve a la Policía, a la Procuradora de la Mujer, los albergues, al sistema de tribunales.  Todos tienen servicios. Para sobrevivir al COVID-19 te distancias, pon distancia también a la violencia.