Hace 10 años, el Banco Mundial en su índice de facilidad de hacer negocios colocaba a Puerto Rico en la posición 144 en cuanto a obtención de permisos de construcción. En aquel entonces, existía un ambiente de mucha incertidumbre en el proceso de obtención de permisos. Grupos de interés presionaban a las agencias gubernamentales para que se revocaran permisos otorgados. Incluso, se creaban procesos de “consultas informales”, al margen de lo que dictaban las leyes y los reglamentos.

En esos tiempos no existía certeza sobre cuándo terminaba un proceso de obtención de permisos. Precisamente estos procesos de obtención de permisos han sido señalados como causas de los problemas estructurales que tiene nuestra economía.

En respuesta a este problema de certeza en la inversión, se aprobó la Ley de Reforma al Proceso de Permisos de Puerto Rico (Ley 161-2009). Esta ley especifica que los permisos otorgados se consideran correctos salvo que se compruebe que los mismos fueron emitidos con información falsa o fraudulenta. Además, se facultó a ciertos profesionales privados a emitir algunos permisos que no requieren discreción del Estado.

Por otras razones previamente expuestas, y aunque el Banco Mundial reconoce que se han realizado muchos avances en este tema, Puerto Rico todavía se coloca en la posición 141 en el manejo de solicitudes de permisos de construcción.

Queda ahora por verse cómo la adopción del nuevo Reglamento Conjunto para implantar la Ley 17 del 2019 alterará esta calificación. Resta, además, implantar un sistema óptimo en la evaluación de solicitudes de permisos que sea ágil en tomar determinaciones de acuerdo con el recién adoptado reglamento conjunto.

Sin embargo, para complicar las cosas, ahora hay grupos que han encontrado respuesta en acudir a la legislatura a quejarse de proyectos. Mover el amplio aparato investigativo de la legislatura resulta atractivo y accesible para algunos.

La ley establece que un tribunal podrá revocar un permiso “cuando medie fraude, dolo, engan~o, extorsió´n, soborno o la comisio´n de algu´n otro delito en el otorgamiento o denegacio´n de la determinacio´n final o del permiso, o en aquellos casos en que la estructura represente un riesgo a la salud o la seguridad, a condiciones ambientales o arqueolo´gicas, la determinacio´n final emitida y el permiso otorgado”.

Debido a estos estándares impuestos en la Ley, resulta más fácil mover un cuerpo político a realizar investigaciones que de otra manera serían costosas. La estrategia sigue siendo promover incertidumbre entre quienes invierten de modo que la iniciativa se perciba riesgosa u onerosa. Mover procesos extraordinarios para lograr intereses particulares nos parece oneroso e innecesario.

Debemos tener una visión de colocarnos en las primeras 10 jurisdicciones en el mundo en cuanto a competitividad global y facilidad de hacer negocios. Aprendamos de nuestro pasado inmediato. El Puerto Rico del2019 no necesita incertidumbres adicionales a la hora de la recuperación. Lo que hace falta es una concertación de esfuerzos que logren cambiar nuestro rumbo y logremos regresar a la prosperidad. Mejorando nuestras condiciones económicas e implantando reformas lograremos mejores condiciones para nuestros ciudadanos y una mayor protección ambiental. Manos a la obra.

El autor es presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico.