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El nuevo Código Electoral ha entrado en vigencia por la fuerza de la coerción, no de la razón. Coerción ejercida por una minoría constituida en gobierno, que desoyó los reclamos del 58% de los electores que no votaron por el PNP, así como de miles de personas que no votaron en 2016 y tampoco fueron consultadas. Coerción que violenta las prácticas democráticas fundamentales que deben regir la administración del sistema electoral, que se considera clave en una sociedad democrática. A menos de cinco meses de las elecciones, se cambian reglas, procedimientos, funciones en la Comisión Estatal de Elecciones, sin ni siquiera tener un presupuesto asegurado para instrumentar los cambios legislados. Se ha generado caos en una institución que arrastra ya un atraso monumental en sus trabajos debido al cierre durante la pandemia.
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