En las escuelas de Derecho se enseñan cursos sobre la teoría de la adjudicación en los tribunales. Hay dos escuelas de pensamiento que estarán en pugna en la mente y el análisis de los jueces en el caso de Senado de Puerto Rico vs. el gobernador actual, Pedro Pierluisi.

Una teoría es la de la escuela formalista. En esencia significa lo siguiente: “La característica más obvia del formalismo jurídico es la supuesta separación del razonamiento jurídico (o aplicación de las normas a los hechos) de normativas o consideraciones de política. La ‘ficción formalista’ es que el proceso que producen las normas jurídicas que ha agotado normativo y consideraciones de política; en consecuencia, la ley puede ser vista como más o menos ‘cerrada’, sistema normativo…”

La escuela contrapuesta es la pragmática. La misma atiende, en esencia, las consecuencias que tendrá la decisión del tribunal sobre la sociedad. Examina los aspectos económicos, sociológicos y políticos en la vida del pueblo sobre la cual se aplique. Creo que el Tribunal Supremo actual es en su mayoría originalista, y resuelve apegado al texto constitucional. También es formalista, es decir, basa sus decisiones en el texto primario de la ley constitucional y luego en las leyes aprobadas por la legislatura de turno, sobre la base de que el pueblo elige a los que legislan y puede cambiarlos cuando desee, mediante el voto.

Los jueces son nominados por políticos y confirmados por políticos, y el pueblo no vota para elegirlos ni para sacarlos del puesto. Eso obliga a que el tribunal adopte normas de abstención en casos de derecho público y privado.

Examinando los alegatos que presentó el Senado y el gobernador de turno, el licenciado Pierluisi, vemos que el tribunal está en la disyuntiva de escoger entre el texto de la Ley 7 de 1952, enmendada en el 2005, y pesar las consecuencias prácticas de lo que decida, en términos de estabilidad y gobernabilidad. En la alternativa, está hacer valer el principio de representatividad y de voto directo de los ciudadanos para escoger a quien lo gobierna en un sistema colonial como el de Puerto Rico.

Incide sobre la decisión, el hecho de que existe una Junta de Control Fiscal y un proceso de quiebra ante la jueza Laura Taylor Swain, que acentúa más nuestro problema colonial, en vista de que el poder último de decidir sobre el territorio está en el Congreso de Estados Unidos y no en el pueblo de Puerto Rico.

Nada de esto estaba presente en la mente de los constituyentes cuando se legisló la Ley 7 y tampoco en los legisladores que aprobaron la enmienda de 2005. Va a estar en juego lo que hemos distinguido antes, la autoridad moral del gobernante, que confiere y reconoce el pueblo a quien lo defiende, vs. la autoridad formal, que es la que define una ley.

Decida el Tribunal Supremo basado en el texto estricto de la ley o decida a base de las consecuencias sociales políticas y económicas de su opinión jurídica, estaremos siempre ante la necesidad urgente de que quien sea el futuro gobernante se gane, con sus actuaciones, el respeto y la legitimidad del pueblo. Eso explica la caída de Ricardo Rosselló. Eso sellará la suerte del gobernador Pedro Pierluisi o la de quien lo suceda en el cargo.