


La degeneración progresiva del estado de derecho en varios países se ha convertido en uno de los signos más alarmantes de la política contemporánea. En distintas regiones del mundo, instituciones constitucionales antes sólidas se ven debilitadas por gobiernos que utilizan el aparato estatal para erosionar controles democráticos, restringir libertades civiles y normalizar un clima de excepcionalidad permanente. Esta erosión institucional se combina con un orden mundial que, lejos de rechazar la violencia estructural, parece cada vez más dispuesto a tolerar formas de barbarie que antes hubieran generado indignación global.

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