


El pasado viernes, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito —bajo cuya jurisdicción está el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico— emitió una importante decisión en el caso Maldonado-González, et al. v. Puerto Rico Aqueduct and Sewer Authority (PRASA), número 23-1388. Considero esta decisión de gran relevancia por las implicaciones que tiene sobre la obligación del gobierno y de las corporaciones públicas de garantizar servicios esenciales a la ciudadanía, incluyendo a los contratistas privados que los administran.

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