Antonio Quiñones Calderón

Punto de vista

Por Antonio Quiñones Calderón
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Deletrear la palabra estadidad

En el punto más álgido del feudo entre Luis Muñoz Marín y Antonio R. Barceló, en el año electoral de 1936, cuando Muñoz, buscando desbancar a Barceló del liderato liberal-independentista, proclamaba su “adhesión inquebrantable a la independencia y a la justicia económica”, el viejo líder liberal respondió con la histórica amonestación de que él (Barceló) era independentista antes de que Muñoz “aprendiera a deletrear la palabra independencia”. 

La anécdota viene a cuento ahora que el Partido Nuevo Progresista somete a examen a los aspirantes estadistas a cargos electivos sobre los alcances políticos, sociales y económicos, es decir, los derechos y deberes implícitos en la conversión de Puerto Rico en un estado de la Unión federal. Hacía falta ese examen. No sé en qué consiste y tampoco si al final del curso se dan notas de aprobación o rechazo a la pretendida aspiración. Pienso que debería ser así. Vamos a ver esto con algún cuidado.

Ocasionalmente, en cada período electoral, pero principalmente en cada consulta de estatus en búsqueda de resolver nuestro problema colonial inherente de la ley Jones de 1917 (con el nuevo nombre de “estado libre asociado” desde 1952), desde la tribuna del Partido Nuevo Progresista el énfasis ha sido puesto en los beneficios económicos de la opción de estadidad, que son importantes, desde luego, pero se ha descuidado recalcar en lo medular: la ausencia de los derechos plenos de la ciudadanía estadounidense que ostentamos, incluida la negación a participar en el proceso electoral federal completo. Es decir, de ordinario se abstienen los oradores del partido de poner énfasis en la rémora de una ciudadanía de segunda clase –guste o no la frase– con que estamos investidos por mor de la condición colonial prevaleciente.

Esa desigualdad política limita nuestra participación en la distribución de fondos federales de asistencia, es cierto, pero, peor aún, restringe nuestra representación congresional a un delegado sin derecho a voto en la Cámara de Representantes –ninguno en el Senado–; impide que los hombres y las mujeres llamados a servicio activo en las Fuerzas Armadas de Ejército de la nación puedan votar por su Comandante-en-Jefe que los envía al campo de guerra; nos impide participar plenamente en el sistema político estadounidense; desmerece la influencia con la burocracia federal que toma las decisiones que nos afectan, y mantiene los vestigios coloniales que eclipsan la imagen de la democracia estadounidense. Raramente se escucha en la tribuna del PNP la explicación del inmenso poder político que representarían los 5 o 6 congresistas y los 2 senadores del estado de Puerto Rico, en la más poderosa institución de representatividad política del mundo. Es la franquicia electoral completa la que sellaría nuestra ciudadanía estadounidense de primera.

Hay que insistir, en la tribuna y en los medios, en la profusión de un mensaje articulado, coherente y entendible sobre los derechos que comienzan a disfrutar los puertorriqueños con el logro de la igualdad a través de la estadidad – y sobre sus responsabilidades también. Para algunos, deletrear la palabra e-s-t-a-d-i-d-a-d no estaría de más como parte del curso.


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