


En 2018, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su Observación General núm. 36, al interpretar el derecho a la vida, afirmó que los Estados tienen la obligación positiva de proteger la vida de las mujeres y las niñas, lo que incluye garantizar acceso efectivo y seguro a servicios de salud reproductiva como el aborto. El Comité fue explícito al advertir que las restricciones legales que obligan a recurrir a abortos inseguros o clandestinos, que retrasan la atención médica o que colocan a pacientes y profesionales bajo amenaza penal, ponen vidas en riesgo y, por tanto, violan el derecho a la vida.

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