La decisión de la gobernadora Jenniffer González de vetar el Proyecto del Senado 752, que buscaba eliminar las escoltas a exgobernadores, ha generado un debate que trasciende lo político y se adentra en lo económico. Puerto Rico continúa bajo la supervisión de la Junta de Supervisión Fiscal, con un panorama de recortes en servicios esenciales, y en ese contexto resulta difícil justificar un gasto que, aunque pueda parecer menor en comparación con el presupuesto total, simboliza un privilegio que la ciudadanía observa con creciente desconfianza.

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