Opinión
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16 de julio de 2025
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Hoy se celebra una vista pública crucial sobre el papel y la permanencia de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en Puerto Rico. A nueve años de su creación mediante la Ley Promesa, es imperativo que este foro no se limite a repasar balances financieros, a escuchar un trillado intento de informe de logros o a un desfile de preguntas de encargo para intereses particulares. A estas alturas, urge para Puerto Rico un examen concienzudo de los efectos tanto directos como colaterales —económicos, sociales y democráticos— que ha tenido la JSF sobre la isla. El tema energético, en particular, debería ocupar un lugar central en esa discusión.
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