La gobernadora Wanda Vázquez anunció hace unos días que va a someter legislación para ponerle restricciones a las emisiones de deuda pública que se hagan en el futuro, con el fin de evitar que se repita la quiebra del gobierno que apenas comienza a superarse. La idea de limitar el uso del endeudamiento supone que hemos de recuperar el acceso a los mercados de crédito, lo cual podría tardar algunos años. Pero hace bien la gobernadora en traer el tema a la atención pública con tiempo para discutirlo.

No hay duda de que hay que tener un conjunto claro de reglas que limiten lo que el gobierno pide prestado a su capacidad de repago, sin poner en riesgo los fondos que se necesitan para los gastos ordinarios en servicios públicos esenciales. Pero el verdadero reto, tanto para la gobernadora como para todo el país, es asegurar que las reglas se cumplan al pie de la letra, para lo cual no basta con legislar.

No fue por falta de reglas que desembocamos en la quiebra del gobierno y sus corporaciones públicas. La emisión de bonos del gobierno central—los llamados bonos de obligación general—ha estado sujeta por décadas a un límite que, en esencia, dicta que lo que se paga de intereses y amortización no puede comprometer más del 15% de los ingresos regulares de Hacienda. Ese límite, como bien sabemos, no se violó de frente, pero sí se idearon maneras de “darle la vuelta”.

Algo similar ocurrió con las corporaciones públicas. Se suponía que sus emisiones de bonos estuvieran atadas a sus ingresos y, en algunos casos, garantizadas por fuentes específicas de repago, como ciertos impuestos dedicados a este propósito. De alguna manera, en las corporaciones se encontró también la manera de sobrepasar estos límites sin que pareciera que se estaban violentando las reglas abiertamente.

El problema ha sido una cultura de administración pública que no se deja amarrar por las reglas existentes. Un elemento central de esa cultura es la falta de transparencia y la ausencia de información fiscal y financiera que esté al día, validada por auditorías y accesible para todos.

En un contexto de información fragmentada y retrasada, y ante la presión de mantener un gasto que se hacía cada vez más pesado, se cedió demasiado a la tentación de ser creativo para inventar nuevas formas de endeudamiento que no se ajustaban a las normas ya establecidas. En esto colaboraron las agencias acreditadoras de bonos, que tardaron demasiado en percatarse de que seguían mimando a un cliente que en realidad necesitaba disciplina.

En retrospectiva, es increíble que hayamos aceptado durante tanto tiempo la idea de que existía una deuda “extraconstitucional”. En ese sentido, todos participamos en validar esa cultura de apego ceremonial a las reglas, y violación de las mismas en la práctica.

No solo la gobernadora, sino todo el país, tienen ante sí el reto de cambiar esa cultura. Una legislación clara y estricta es parte indispensable del marco institucional que se necesita para no volver a caer en la quiebra. La gobernadora y los legisladores tienen la encomienda nada fácil de ponerle garras a esa legislación, para que no sea fácil de burlar. Pero eso no basta. Una contribución igual de importante sería fortalecer la transparencia en todo lo relacionado a las finanzas públicas. Con buena información, todos podemos fiscalizar, y quizás en el futuro las agencias acreditadoras estarán mejor equipadas para activar la disciplina del mercado.