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La ley Promesa creó una estructura de gobernanza territorial que actúa por encima del gobierno de Puerto Rico. Ya nadie duda que rige a la usanza de procónsules en contra de las decisiones de nuestros funcionarios electos y otras veces en contubernio con éstos. A la vez, fue diseñada para que ejecutara en la oscuridad con transparencia mínima. Más perversa y maleable no puede ser la Cláusula Territorial de la Constitución federal que permite la operación de tal criatura.
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