
Opinión
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Mientras el Departamento de Educación gasta más de $6 millones mensuales en alquileres de oficinas privadas, decenas de edificios públicos permanecen cerrados. Se deterioran a la vista de todos y representan una pérdida millonaria para el país. Es una contradicción que se repite en múltiples agencias: recursos públicos desperdiciados y activos estatales subutilizados.
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