Hoy, el Señor Gobernador tiene ante sí una de esas decisiones que será vista como crítica o fundamental en el proceso de seguir fomentando o atajando el estancamiento de nuestro desarrollo económico. Se trata de su decisión de vetar o firmar el Proyecto de la Cámara 474, conocido como la Ley de Legitimación Activa. Como a menudo ocurre, la justificación de la medida, según sus proponentes, persigue un propósito que todos respaldamos: en este caso la protección del medio ambiente natural y el mejor uso y conservación de nuestros recursos naturales. La realidad, sin embargo, es otra.

No hay ninguna relación entre la protección de los recursos naturales y medio ambiente de Puerto Rico y la propuesta Ley de Legitimación Activa. Romper con la sana norma judicial de que solamente quienes tienen un interés, no especulativo, directamente afectado por una actividad o acción propuesta, puedan ganar acceso al sistema judicial en asuntos de naturaleza ambiental, desvirtúa el proceso judicial y crea otro foro más, además de los medios de comunicación y las ramas Legislativa y Ejecutiva para que personas con motivaciones ulteriores a la protección del medio ambiente puedan oponerse a proyectos de desarrollo y crecimiento económico desfavorecidos por ciertos sectores ideológicos o político partidistas.

Si el gobernador firma la medida, residentes u organizaciones de Mayagüez, a modo de ejemplo, podrán utilizar el sistema judicial para oponerse a actividades de desarrollo económico o construcción de infraestructrura propuestas para Ceiba, Fajardo o Cataño. Quienes tengan un interés real, no especulativo, afectado, siempre tendrán acceso al sistema judicial para presentar sus legítimos agravios y objeciones. La persona u organización de Mayagüez o Moca opuesta a un proyecto en Dorado, Fajardo, Cataño o San Juan, no. Los grupos y personas que van de pueblo en pueblo pregonando su oposición a múltiples actividades y proyectos, so color de proteger el medio ambiente, no podrán utilizar el proceso judicial como una de sus herramientas de combate ideológico, a menos que sea para acciones con el potencial de afectarlos a ellos de manera real, directa, no especulativa.

El Puerto Rico de hoy se distingue por su menguada población y fuga de profesionales; deficientes sistemas de salud e instrucción pública, incluyendo el sistema universitario estatal; proliferación de construcción informal mal ubicada y peor construida; carencia de vivienda asequible, segura y digna; quebradas agencias públicas; creciente pérdida de competitividad económica dentro del propio entorno caribeño; sector agrícola moribundo, no a la par con la necesidad y su potencial; y, criminalidad rampante, entre otros males harto conocidos. Ninguno de estos males del terruño germinó mágicamente ayer. Llevan décadas cosechándose. Varias generaciones de dirigentes insertadas en las ramas legislativa y ejecutiva han aportado, con sus acciones y omisiones, con decisiones tomadas todos los días, al resultado que hoy se vive. Las condiciones descritas existen desde mucho antes de los huracanes María y Fiona. Por ejemplo, Anne O. Krueger, atribuye al craso mal manejo de la economía, reflejado en el movimiento de Puerto Rico del rango 47 (de entre 190), en el 2015, al rango 65, en el 2020, por debajo de Ucrania y México, en el índice de Ease of Doing Business del Banco Mundial, como elemento que exacerbó de manera fundamental los efectos de María y Fiona.

En momentos en que Puerto Rico necesita una revitalizada infraestructura vial, eléctrica y de agua; opciones de vivienda seguras y dignas y una calidad de vida superior; mayores y diversas fuentes de empleo; la aprobación del P. de la C. 474 solo promete entorpecer, atrasar, encarecer y, a menudo, enterrar proyectos, no en sus méritos, sino por el efecto demoledor del mero transcurso del tiempo, enfrascados en procesos judiciales motivados por visiones ideológicas. La muerte por cien mil tajitos.

Mientras la crisis mundial del COVID propicia, a nivel mundial, desde Europa a Estados Unidos y América Latina, la implantación de medidas que agilicen el llamado streamlining, actividades de creación de empleos y desarrollo económico, Puerto Rico sigue con un sistema de permisos incuestionablemente torpe e ineficiente, y propone medidas, avaladas por ciertos sectores ideológicos, totalmente contrarias a nuestras necesidades inmediatas. Contando con recursos billonarios autorizados por el gobierno federal, claro respaldo del Departamento de Energía de Estados Unidos y de la Administración Biden para el desarrollo de nuestra infraestructura eléctrica, construcción de vivienda digna y segura, y para mejorar nuestra competitividad en el importante mercado turístico del Caribe, el P. de la C. 474, de aprobarse, será otro de esos clavos en el ataúd del crecimiento económico de nuestro país.

Señor Gobernador, por favor, no firme la Ley de Legitimación Activa; no facilite la muerte por cien mil tajitos de importantes obras de desarrollo económico. En sus manos queda.

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