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30 de abril de 2025
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La discusión en torno a si el derecho fundamental a un veredicto unánime, reconocido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos (TSEU) en el ya trillado caso de Ramos v. Louisiana, debe ser aplicado por vía legislativa a casos que son finales y que no estaban en proceso de apelación al momento de la decisión judicial, ha traído férreas oposiciones a los proyectos de ley que proponen reconocer la llamada retroactividad de dicha norma. Si bien cualquier medida legislativa que provoca un choque de intereses legítimos de los ciudadanos va a traer voces en contra, resulta importante diferenciar quiénes atienden el tema de manera fundamentada y quiénes no.
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