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Mediante la ley número 154 de 25 de octubre de 2010, el gobierno de Puerto Rico le impuso un arbitrio a las transacciones de compra-venta entre las fábricas localizadas en la Isla y sus compañías afiliadas afuera. Las empresas multinacionales pagan ese arbitrio cuando una de sus fábricas localizadas en Puerto Rico le envía la mercancía que produce a las demás empresas del conglomerado para venderla a través del mundo.
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