Opinión
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11 de octubre de 2025
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La reciente creación de la Oficina de Base de Fe del Departamento de Educación, estipulada mediante la Carta Circular 008-2025-2026, plantea serias preocupaciones constitucionales. Aunque se presenta como una política pública destinada a proteger el derecho al libre ejercicio de la fe en el contexto escolar, su contenido y estructura trascienden esa intención. En lugar de simplemente garantizar la libertad religiosa de estudiantes y empleados, la medida institucionaliza un tipo particular de discurso —el religioso— dentro del aparato estatal, lo cual viola el principio de separación entre Iglesia y Estado, así como la cláusula de establecimiento consagrada en la Constitución.
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