

La década de los 80 se acercaba a su fin cuando un medio local dio la que sería la última gran batalla judicial para ampliar el acceso a información pública en los procesos que se conducen en los tribunales. En esa época, las vistas preliminares, como la que enfrentará en unos días Miguel Ocasio Santiago -imputado del asesinato de Andrea Ruiz Costas- podían cerrarse a la prensa a discreción del juez de sala. Un periódico recurrió al Tribunal Supremo de Estados Unidos cuando el nuestro le cerró la puerta en defensa de la confidencialidad del proceso.
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