La sesión de reunión número 169 de la Comisión Internacional de Derechos Humanos ha provocado una avalancha de reacciones de todos los sectores. No es para menos, siendo la primera vez en más de 10 años que un representante del gobierno de los Estados Unidos se ve obligado a tener que rendir cuentas ante un organismo internacional sobre la falta de derechos representativos de los puertorriqueños.