


Esta columna nació de manera orgánica el mismo día en que leí dos noticias que rozan la demencia y no tienen nada que ver con quién dice la verdad entre Suzanne Roig y Blanca Medina. Me refiero a otro tipo de locura, mucho más preocupante. Hablo, por un lado, del anuncio de Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, de transmitir en vivo el fusilamiento de Nidal Hasan y, por otro lado, de las medidas adoptadas por Donald Trump contra el Tribunal Penal Internacional (TPI). Ambas noticias plantean un problema que trasciende la razón: ¿puede un Estado, primero, defender un sistema de justicia mientras convierte la muerte en espectáculo y, segundo, amenazar a quienes procuran hacer cumplir el derecho internacional mediante el procesamiento de personas acusadas de cometer genocidio?

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