En su invocación durante la juramentación del gobernador Pedro Pierluisi, Monseñor Antonio J. Vázquez, de la Iglesia católica Stella Maris, planteó que lo que simbolizaba el juramento del duodécimo gobernador elegido por los puertorriqueños era un “cambio de época”, más que de cuatrienio. Tiene el líder religioso toda la razón. Tras los profundos cambios –al menos, uno de ellos, inédito– experimentados por Puerto Rico a partir de la tachadura asestada por el Congreso a la Constitución local mediante la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal de siete miembros facultados para subvertir el orden constitucional en el manejo de las finanzas públicas, inició una época novel en la dirección gubernamental. Los funcionarios elegidos a partir de 2012 –el gobernador y los legisladores– han sido despojados de su poder constitucional de someter y recomendar, el primero, y evaluar y aprobar, los segundos, el presupuesto general de ingresos y gastos para cada año fiscal. Desde entonces, esa función constitucional está en manos de siete personas, ninguna de ella elegida por los puertorriqueños.