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La demanda presentada por dos legisladoras en la que pretenden impugnar la validez constitucional de la orden ejecutiva sobre el estado de emergencia por violencia de género, específicamente la disposición sobre el desarrollo de un currículo con perspectiva de género, constituye un ataque alarmante. ¡Cuánto potencial perdido y mal utilizado! ¡Cuántos recursos desperdiciados!
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