

Puerto Rico está atrapado en un impasse energético que amenaza con paralizar no solo la transformación de su sistema eléctrico, sino también su credibilidad institucional ante los ojos del mundo. El problema ya no trata solamente de una infraestructura obsoleta: es político, jurídico y administrativo. Y mientras la gobernadora, la Autoridad de Energía Eléctrica, el Negociado de Energía, LUMA y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) intercambian posiciones cada vez más incompatibles entre sí, el país entero paga el precio de una parálisis alimentada por irresponsabilidades compartidas y cobardías institucionales. Ha llegado el momento de que la Junta asuma el rol que la Ley Promesa le impone: poner orden donde hay caos y proteger el interés fiscal del país donde abunda la insensatez.
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