La organización El Puente Puerto Rico radicó este martes una petición de “mandamus” contra la Cámara de Representantes y la gobernadora Jenniffer González, con el fin de que cumplan con lo dispuesto en la Ley 33 de 2019 en torno al Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático.

Específicamente, la demanda busca que la Cámara remita el Plan a la gobernadora y que esta, a su vez, proceda a aceptarlo y firmarlo o vetarlo, conforme establece el Artículo 16 de la Ley 33.

“Se acabaron las excusas. La gobernadora y el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, saben el costo político que tiene seguir apoyando la destrucción del ambiente y, por eso, prefieren mantener en el limbo la aprobación del Plan. Pero el pueblo sí sabe lo importante que es aprobar este Plan, que lo que busca es adelantar, de manera organizada, la adaptación climática”, expresó Federico Cintrón Moscoso, director de El Puente Puerto Rico, vía comunicado de prensa.

Según la organización, el 18 de noviembre de 2025, la Comisión Conjunta de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático recomendó la aprobación del Plan y lo sometió a la consideración de ambos cuerpos legislativos. Ese mismo día, el Senado le votó a favor, mientras que la Cámara no lo atendió.

Aun así, sostuvo la entidad, al concluir la sesión ordinaria ese 18 de noviembre, el Plan quedó aprobado conforme a la ley. Posteriormente, el 20 de noviembre, el Senado lo remitió a La Fortaleza. Sin embargo, al día siguiente, el secretario auxiliar de la Gobernación para Asuntos Legislativos, Carlos Rivera Justiniano, devolvió el documento a la Cámara alegando que solo había sido aprobado por uno de los cuerpos.

El Puente Puerto Rico indicó que, pese a que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, informó que dicha devolución no procedía, y a que la organización le solicitó a la gobernadora que reclamara el Plan o actuara sobre este, el documento permaneció en manos de la Cámara. La entidad también solicitó a la Cámara que enviara el Plan a La Fortaleza, sin recibir respuesta.

Para la organización, conforme a la intención legislativa, el Plan debió aprobarse hace, al menos, cuatro años, y recalcó que, a casi siete años de la aprobación de la Ley 33, Puerto Rico aún carece de una política pública integrada para atender la crisis climática.

“La inacción del gobierno es extremadamente irresponsable y contraria a los deberes ministeriales que tienen. La Cámara de Representantes no tiene autoridad para mantener secuestrado el Plan ni de modificarlo, y la gobernadora tiene que aceptar dicho Plan y decidir si lo va a firmar o no. Esto es lo que le estamos solicitando al Tribunal”, expresó la licenciada Ninoshka Picart Pérez, abogada de El Puente Puerto Rico.

La entidad subrayó la urgencia de que Puerto Rico cuente con un plan integrado para atender los efectos del cambio climático, dado que el archipiélago se encuentra entre los territorios más afectados por el calentamiento global. En ese sentido, el Plan busca coordinar sectores como infraestructura, salud, turismo, agricultura, educación y energía para mitigar riesgos y proteger la vida, propiedad y economía del país.

El Puente Puerto Rico advirtió que la ausencia del Plan agrava las condiciones de las comunidades más vulnerables, exponiéndolas a impactos como el calor extremo y la mala calidad del aire, que aumentan las enfermedades respiratorias y cardiovasculares, especialmente en adultos mayores.

Además, señaló que no contar con una estrategia planificada también tiene implicaciones económicas, incluyendo posibles pérdidas en infraestructura, turismo y agricultura, así como afectaciones a la capacidad operacional del transporte aéreo.

“El Plan identifica prioridades claves y les permite a las agencias enfocar sus esfuerzos y comprometer sus recursos para proteger las vidas y propiedades más vulnerables. La gobernadora ya no puede evadir su responsabilidad, tendrá que tomar una decisión en favor de la vida o de sus intereses personales”, concluyó Cintrón Moscoso.