Un panel de jueces del Primer Circuito de Apelaciones federales escuchó este miércoles, en Boston (Massachusetts), la apelación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en contra de la decisión de la jueza Laura Taylor Swain de levantar la paralización de demandas –en carácter personal– en contra de altos funcionarios del gobierno de Puerto Rico, por violaciones de derechos civiles durante las protestas ciudadanas del 1 de mayo de 2018.

La demanda fue presentada, en 2019, por la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, en inglés) a nombre de Jonathan Hernández Zorilla y Yadira Carrasquillo González, en contra de los que entonces eran responsables de la seguridad pública en Puerto Rico, incluidos el gobernador Ricardo Rosselló, el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, y el jefe de la Policía, Henry Escalera.

La JSF apeló ante el Primer Circuito –con jurisdicción sobre los casos del Tribunal Federal de San Juan– la decisión de septiembre pasado de Swain, que encabeza la corte territorial de bancarrota creada por la ley Promesa, que puede abrir la puerta a cientos de demandas que han estado paralizadas contra funcionarios del gobierno en su carácter personal.

“Dado que los funcionarios individuales no son deudores, no son partes en el caso del Título III (bajo la ley Promesa). Por lo tanto, en efecto, una cancelación de las reclamaciones… constituiría una liberación no consensuada de terceros, algo que el propio Plan de Ajuste (de la deuda del gobierno de Puerto Rico) prohíbe”, argumentó, durante la sesión oral, Steven Lausell Recurt, abogado de los demandantes y de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad Interamericana.

Hernández Zorrilla y Carrasquillo González –en casos que fueron consolidados– denunciaron que fueron agredidos físicamente, incluso con gases lacrimógenos, mientras ejercían pacíficamente su derecho a la libertad de expresión durante la manifestación del Día de los Trabajadores de 2018. Hernández Zorrilla ha indicado que la agresión en su contra incluyó balas de goma.

Las controversias, en las que alega negligencia inexcusable y conducta indebida de parte de los funcionarios, han estado congeladas a raíz de la paralización de demandas en contra del gobierno de Puerto Rico que ha permitido la ley Promesa, que creó el sistema territorial de quiebras y la JSF que controla las finanzas públicas puertorriqueñas.

A nombre de la JSF, el abogado Lucas Kowalczyk, de la firma Proskauer Rose, señaló que la apelación se basa en si el caso presentado por los demandantes “constituye o no una reclamación” –es decir, un derecho a exigir un pago–, y mantuvo que “la expresión ‘responsabilidad personal del deudor’ no figura en la definición” que permite la ley.

Durante el interrogatorio, el juez William Kayatta presionó a Kowalczyk, al cuestionar si cuando un conductor de una entidad municipal se salta un semáforo en rojo, causando por negligencia un accidente, es responsable ante una persona que resulte lesionada si su empleador se declara en quiebra.

En ese momento, el más significativo de la sesión oral, también intervinieron los otros dos jueces del panel, Jeffrey Howard y Lara Montecalvo.

Kowalczyk pareció inicialmente confundido con la pregunta y dijo que el conductor sería responsable en su carácter personal.

Luego, el abogado de la JSF se retractó y dijo que “la demanda contra el conductor estaría sujeta a desestimación”, pues el fin último de los demandantes, a su juicio, es cobrarle el dinero al empleador.

“La realidad económica es que estas partes intentan aprovecharse del deudor, y si lo hacen de forma efectiva, ese deudor cuenta con la protección de la quiebra. Quieren poder acceder a sus fondos sin la protección de la quiebra”, dijo Kowalczyk.

Al salir de la audiencia, el director de Asuntos Legales de ACLU, Fermín Arraiza, sostuvo –en entrevista telefónica– que, en última instancia, el ejemplo del chofer municipal es irrelevante, pues ante el Tribunal Federal el gobierno tiene inmunidad soberana y la opción es demandar en el carácter personal, bajo la sección 1983 de la ley de derechos civiles.

Además, la ACLU advirtió que la JSF parece querer acentuar que los demandados no tendrían recursos económicos para responder financieramente por sus actos, lo que sostienen no es la realidad de exfuncionarios como Rosselló, Pesquera y Escalera.

Arraiza advirtió que la apelación de la JSF persigue frenar la orden de Swain para que el ente fiscal notifique a los cientos de demandantes contra funcionarios del gobierno de Puerto Rico que han tenido sus casos frenados durante el proceso de quiebra y pudieran finalmente avanzar con su reclamación legal.

“La postura de nosotros siempre fue, desde 2019, que ninguno de estos casos se debió paralizar... Lo que hicieron fue fastidiar el progreso de la reforma de la Policía, porque el mensaje a los policías de a pie y a la Uniformada fue básicamente que la reforma era inaplicable, que tú no podías demandarlos… Esta decisión podría cambiar el curso de acción con relación a todo este proceso de demanda por violaciones de derechos civiles”, indicó.

La directora de ACLU de Puerto Rico, Annette Martínez Orabona, consideró que la audiencia reflejó que tienen “un caso sólido”. “La quiebra nunca debió utilizarse como un proceso que facilitara la impunidad. Los derechos constitucionales que se han visto violados no solamente en este caso, sino en muchos otros, han quedado paralizados. Y eso en derecho internacional está proscrito. Las violaciones de derechos humanos tienen que ser llevadas a los tribunales”, sostuvo.

Agregó que el hecho de que “un policía no pueda ser demandado es un mensaje terrible para el proceso constitucional y democrático y para la posibilidad del desarrollo de la dignidad humana en nuestro país”.

Las demandas radicadas por la ACLU fueron paralizadas en 2023. La decisión de Swain se dio después de que el plan de ajuste de la deuda del gobierno central fue aprobado y se comenzó a pagar el servicio de esas obligaciones.

Los abogados de la ACLU esperan una decisión relativamente rápida de panel del Primer Circuito, aunque dan por descontado que la JSF intentará llevar el caso ante el Tribunal Supremo estadounidense.