Washington D.C. - El Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes federal aprobó el jueves la legislación que reautoriza por cinco años los fondos para transportación terrestre, y que asigna unos $1,220 millones a Puerto Rico durante ese período.

“Este proyecto de ley realiza inversiones históricas en nuestros puentes y otras infraestructuras críticas, reduce los costos y las demoras en la construcción, garantiza que los estados tengan los recursos y la flexibilidad que necesitan, refuerza el Fondo Fiduciario de Carreteras, fomenta la innovación y proporciona un marco para la integración segura de vehículos comerciales autónomos en nuestras carreteras”, indicó el presidente del Comité, el republicano Sam Graves (Misuri).

La sesión de votación del jueves en el comité se extendió por 14 horas.

La legislación permitiría asignar $995 millones en fondos para proyectos de carreteras en Puerto Rico, entre los años fiscales 2027 a 2031.

Para el año fiscal federal 2027, que empieza en octubre, la medida la medida permitiría a Puerto Rico recibir $191 millones en fondos para carreteras, un aumento de poco menos de $4 millones en comparación con las asignaciones vigentes.

En los cuatro años siguientes, las asignaciones para carreteras, según al proyecto de ley bipartidista, aumentarían a $195 millones (2028), $199 millones (2029), $203 millones (2030) y $207 millones (2031).

En comparación con el proyecto más reciente, la asignación quinquenal para la isla representa un aumento de $95 millones, según la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés).

Al aplaudir la medida, el líder de la minoría demócrata en el Comité de Transportación e Infraestructura, Rick Larsen (Texas), insistió en que “no se puede tener una economía de grandes ligas con una infraestructura de pequeñas ligas”.

La directora ejecutiva de PRFAA, Gabriella Boffelli, ha señalado que la legislación incluye $225 millones –durante cinco años– para proyectos dirigidos a mejorar la infraestructura de los puentes en Puerto Rico.

La legislación incorpora, a su vez, una medida que la gobernadora Jenniffer González, cuando era comisionada residente en Washington, impulsó para que el gobierno de Puerto Rico pueda expedir licencias de conducir comerciales (CDL, en inglés) que sean válidas en Estados Unidos.

Para el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, la legislación que permite expedir licencias de conducir comerciales en Puerto Rico, la cual coauspició, “adelanta el desarrollo económico” del archipiélago.