Washington D.C. - El acuerdo de un comité de conferencia del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos en torno al proyecto de ley de reautorización de gastos de Defensa fijó en $66.5 millones la partida del Pentágono para poner en marcha este año fiscal federal una nueva escuela en la antigua base de la Fuerza Aérea en Aguadilla.

Como se aprobó en septiembre en la Cámara de Representantes, además, la versión final del proyecto autoriza $14.5 millones para mejoras a talleres de Ingeniería y Mantenimiento de Viviendas del Centro de Entrenamiento de Maniobras Conjuntas del Campamento Santiago.

El liderato de la Cámara baja busca aprobar esta semana la versión final del proyecto de ley, que eleva a $901,000 millones la autorización de gastos de Defensa del gobierno federal de cara al año fiscal vigente – presupuesto que incluye otras agencias de seguridad nacional y el desarrollo de armas nucleares-, un aumento de $8,000 millones en comparación con el anterior.

La votación en el Senado tendría lugar la semana próxima.

La ley de presupuesto aprobada en noviembre, que extendió por todo el año los gastos de Defensa y temporalmente hasta el 30 de enero otros programas, incluye una asignación de $155 millones para construir la escuela en Ramey, una propuesta que, como el financiamiento para el centro de entrenamiento en el campamento Santiago, ha dado la vuelta por el Congreso durante los últimos años

El proyecto de autorización de gastos de Defensa que el pleno de la Cámara baja aprobó en septiembre - que es independiente a las asignaciones formales-, daba el visto bueno para el uso este año fiscal de los $155 millones que otorga la ley de presupuesto.

Tras la Fuerza Aérea dejar la base de Ramey, la instalación ha albergado a la Guardia Costera y un centro de reserva del Ejército. La pista del aeropuerto Rafael Hernández, que era parte de la base y ahora pertenece al gobierno de Puerto Rico, ha sido utilizada para los recientes actividades militares estadounidenses en la zona del Caribe.

“Seguimos impulsando y dando continuidad a las gestiones de la gobernadora González, quien apoyó este proyecto de construcción militar durante su trayectoria en el Congreso”, indicó la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriela Boffelli.

La medida reclama además a la Guardia Costera estadounidense desarrollar un plan anual para apoyar las operaciones de la Guardia Costera en la región del Caribe, publicar el número de interdicciones de drogas y migrantes que realiza mensualmente, y autoriza al secretario de Seguridad Interna a adquirir tecnología de vanguardia, como sistemas tácticos de vigilancia marítima, incluso para el sector San Juan en Puerto Rico.

Boffelli sostuvo que se trata de iniciativas que impulsó la gobernadora cuando era comisionada residente en Washington, “para garantizar que la Guardia Costera y el Sector San Juan tengan acceso a los recursos adecuados para combatir eficazmente la actividad marítima ilícita y las organizaciones criminales transnacionales que operan alrededor de Puerto Rico y el Caribe”.