Washington D.C. - El informe final del comité multisectorial creado por La Fortaleza para reclamar una nueva asignación de Medicaid calcula que al menos 860,000 personas quedarían sin cobertura médica si el Congreso no otorga fondos adicionales antes del 1 de octubre de 2027.

El potencial abismo fiscal es grave, advierte el comité, pues se trata de un programa que financia en cuatro quintas partes los servicios médicos que recibe el 40% de la población de Puerto Rico, “incluyendo niños, adultos mayores, personas con discapacidades y familias trabajadoras de bajos ingresos”.

En comparación, el programa Medicaid sirve al 21% de la población de Estados Unidos.

De cara a renovar las asignaciones, el comité multisectorial- que encabeza la gobernadora Jennifffer González, e incluye al comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, y líderes de la industria de salud-, reclama una asignación de $4,815 millones para el año fiscal federal 2028, si se quiere mantener “el programa y los servicios actuales”.

“Hemos cumplido con las exigencias federales, fortalecido la fiscalización del programa y utilizado los recursos adicionales para ampliar servicios y mejorar el acceso. Ahora corresponde trabajar unidos para lograr en el Congreso una estructura de financiamiento que le brinde estabilidad a nuestro sistema de salud más allá de 2027”, señaló la gobernadora González, en un comunicado de prensa, al darse a conocer el informe.

Sin una nueva asignación federal, el comité multisectorial calcula que entre 860,000 y 1 millón de personas pueden perder su cobertura médica, que se ofrece en Puerto Rico por medio del plan Vital del gobierno puertorriqueño.

El gobierno de Puerto Rico financia cerca de una quinta parte del Plan Vital, el seguro médico del gobierno puertorriqueño para indigentes, del que han dicho tiene alrededor de 1.2 millones de pacientes, aunque hasta diciembre pasado tenían registrados 1.36 millones.

Un análisis del grupo de estudio Espacios Abiertos había calculado que entre 700,000 y 1 millón de personas perderían su cobertura médica si el Congreso estadounidese al menos no reautoriza los fondos de Medicaid, por lo que el informe oficial prevé un impacto mínimo mayor.

El gobierno federal tiene asignado para este año fiscal federal un total de alrededor de $4,200 millones para el programa Medicaid de Puerto Rico.

El informe indica que la asignación base para el año fiscal federal que comenzó este mes es de $3,825 millones, pero que a eso se suman $375 millones condicionados “al cumplimiento de ciertas medidas de integridad y al aumento de los pagos a los proveedores”, requisitos que Puerto Rico ha superado durante los pasados años.

Sin una nueva ley federal, los $4,200 millones se quedarían el 1 de octubre próximo en solo unos $500 millones que aproximadamente provee el estatuto permanente, además de que el pareo federal por servicio de Medicaid caería del 76% de los últimos años a 55%.

El gobierno puertorriqueño solicita al Congreso- que difícilmente pueda atender este asunto en lo que resta de sesión, que termina en la práctica antes de la Navidad-, “eliminar el límite máximo de asignación, en consonancia con los programas estatales de Medicaid, para proporcionar financiación suficiente y sostenida a Puerto Rico”. Además, ha pedido “utilizar la misma fórmula que los estados para determinar el FMAP – pareo federal-, lo que probablemente resultaría en un FMAP del 83%”.

“Es importante señalar que aumentar el FMAP sin aumentar la asignación provocaría que Puerto Rico agotara su asignación más rápidamente”, indica el informe.

El comité aboga además por “incluir a Puerto Rico en otros programas federales de los que actualmente está excluido, como los pagos por participación desproporcionada a hospitales para ayudar a abordar la atención no compensada o insuficientemente compensada y, una vez que haya fondos suficientes, el Programa de Ahorros de Medicare, que ayuda a pagar las primas de Medicare y los costos compartidos; y Ampliar el acceso a los Servicios y Apoyos a Largo Plazo (LTSS)”.

“Si no se dispone de fondos suficientes para que Puerto Rico establezca LTSS en toda la isla, el Congreso podría considerar proporcionar fondos para un programa piloto regional. Esto permitiría a la isla concentrar los servicios de atención a largo plazo en ciertas áreas, al tiempo que controla el gasto federal”, agregó.

El informe del comité insiste en que desfinanciar el programa de Medicaid provocará que más puertorriqueños emigren a Estados Unidos.

El comité calcula que 15,303 pacientes de Medicaid emigraron de Puerto Rico a Estados Unidos, lo que le ha costado a los estados, anualmente, unos $155 millones en fondos del programa. Advierte además que los residentes de Puerto Rico tienen tasas de enfermedades crónicas más altas que en Estados Unidos.

En momentos en que la administración de Donald Trump tiene una campaña contra el fraude de Medicaid, en busca de reducir el gasto del programa, el informe sostiene que ha cumplido con los requisitos de sanidad fiscal impuestos por ley y que tiene una tasa de error de 2.51%, por debajo del promedio de 5.09% en Estados Unidos.

De acuerdo, al informe el área médica al que se destinan más fondos del programa son farmacia (34%), especialistas médicos (15%) y hospitalización (13%).

“Las implicaciones de las disparidades estructurales en la financiación documentadas en este informe van más allá de las preocupaciones administrativas y configuran el mercado de la atención médica en general que opera en Puerto Rico. Las limitaciones de financiación influyen en la participación en la atención administrada, la estabilidad de la red de proveedores, el acceso a medicamentos y la capacidad de implementar estrategias de salud pública a largo plazo”, indica el informe.

En medio del escepticismo que tienen los demócratas de que se conseguirá reautorizar este año los fondos de Medicaid para Puerto Rico, el presidente del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, Brett Guthrie (Kentucky), ha indicado que siguen en busca de una solución que permita financiar el costo del programa en Puerto Rico, pero que no puede precisar cuándo se conseguirá.

El Congreso estadounidense está en receso legislativo hasta el 9 de noviembre. Cuando regrese, la Cámara baja solo tendrá unos 20 días de sesión. Un nuevo Congreso comenzará el 3 de enero de 2027.