Washington D.C. - La Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico presiona para que la próxima asignación de Medicaid –que se hace necesaria para evitar un abismo fiscal en toda la industria de salud dentro de un año– codifique las tarifas que imponen a sus socios los planes médicos bajo ese programa federal.

“El laboratorio es la columna vertebral del sistema de salud”, dijo Felipe Cintrón, presidente de la Asociación, que reúne a 300 laboratorios, en medio de reuniones en el Congreso.

Al igual que otros sectores del sistema de salud de Puerto Rico, los dueños de laboratorios han tenido reuniones esta semana con funcionarios, de mayoría y minoría, de los comités con jurisdicción en programas federales de salud, Energía y Comercio (Medicaid), y Medios Arbitrios de la Cámara de Representantes (Medicare), y Finanzas del Senado (Medicaid).

Han participado, además, de un encuentro con la Asociación Americana de Laboratorios Clínicos (ACLA, en inglés), a la cual se han afiliado, de la sesión informativa que llevó a cabo la oficina del comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, y de una reunión con la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico.

Sin una nueva ley federal, los fondos de Medicaid que recibe Puerto Rico caerían, el 1 de octubre de 2027, de cerca de $4,200 millones anuales a unos $500 millones anuales. Al mismo tiempo, el pareo federal por servicio de Medicaid se reduciría del 76% al 55%.

“¿Qué significa eso? Pues, que la accesibilidad que se conoce hoy, de poder ir a un laboratorio a hacerte todas las pruebas de seguimiento, no va a existir. Llegaríamos a la horrible situación en que, de 20 pruebas, solo puedas hacerte tres o cuatro. Usualmente, ese paciente que cualifica para Medicaid es un paciente que económicamente no puede (pagar por las pruebas)”, dijo Cintrón, en entrevista con El Nuevo Día.

Para Cintrón, se trata de un problema en cadena, pues ese mismo paciente que tendría que pagar por pruebas que ahora se hacen por medio del plan Vital del gobierno de Puerto Rico –que es financiado en cuatro quintas partes por Medicaid– sentiría otro grave impacto en sus finanzas.

“¿Me compro mis medicinas, pago la luz o el agua?”, comentó Cintrón sobre el dilema ciudadano en momentos en que el costo de vida se ha disparado y, dijo, por lo menos, el 60% de los pacientes de los laboratorios dependen de Vital.

Tanto en Washington como en San Juan, la Asociación de Laboratorios Clínicos –que reúne a más de 300 propietarios de laboratorios, cerca de un 80% mujeres– presiona para que se codifiquen las tarifas que les pagan los planes médicos.

En ese sentido, Cintrón sostuvo que urge una reforma permanente al sistema de pago de pruebas de laboratorio, al apuntar a un estudio que les prepararon, en 2023, que indica que las tarifas de los planes Medicare Advantage cayeron cerca de 30% entre 2012 y 2022, mientras que las primas de seguros aumentaron “en más de 40% en el mismo período”.

En el caso de Medicaid, indicó que aspiran a que haya un mandato de ley desde el Congreso, en momentos en que sostiene que los pagos de los planes médicos por las pruebas de laboratorio se reducen unilateralmente.

Pero, también han abogado por que esa codificación de tarifas básicas sobre los pagos por pruebas de laboratorio se haga en la Legislatura de Puerto Rico. “Siempre han quedado en que lo van a estudiar”, dijo, al señalar que sus reuniones con funcionarios han incluido al secretario de Salud, Víctor Ramos.

Han tratado de reunirse con el director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud, sin éxito. “Nos ha confirmado reuniones, pero en último momento nos ha cancelado”, señaló.

Destacó, a su vez, la importancia que le otorga a la afiliación a ACLA, que colaborará con los esfuerzos para reautorizar fondos de Medicaid, y con cuya presidenta, Susan Van Meter, se reunieron.

“Esta afiliación le da a Puerto Rico un asiento en la mesa donde se toman las decisiones que determinan si nuestros laboratorios pueden seguir sirviendo a los pacientes. Ahora, tendremos acceso directo a los datos y funcionarios que necesitamos para defender un sistema de reembolso justo que preserve el acceso a servicios de salud”, dijo Cintrón.