Nueve organizaciones boricuas y estadounidenses reclamaron este lunes al secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, que frene la reciente expansión y toda actividad militar en Puerto Rico, cuyas recientes operaciones han sido vinculadas a los ataques letales contra supuestos narcotraficantes en el Caribe y una potencial intervención en Venezuela.

“Eliminar la presencia militar de Estados Unidos en Puerto Rico sería una medida audaz que reduciría la dependencia, evitaría conflictos políticos innecesarios y llevaría a Puerto Rico y a Estados Unidos hacia un futuro basado en el respeto mutuo, la cooperación regional y una paz duradera”, indicaron las organizaciones, encabezadas por Boricuas Unidos en la Diáspora, en una carta a Hegseth con copia a los líderes de los comités de Fuerzas Armadas del Congreso estadounidense.

Junto a Boricuas Unidos en la Diáspora, firmaron la misiva Power4PuertoRico, Madres contra la Guerra, Plan B: Independencia, VamosPR, Demand Progress, Democratic Socialists of America International Committee, Just Foreign Policy y Popular Democracy.

A corto plazo, el grupo abogó por “cesar de inmediato toda actividad militar en Puerto Rico”, poner fin a cualquier plan para aumentarla y ordenar a las oficinas correspondientes, como el Comando de Sistemas de Ingeniería de Instalaciones Navales (NAVFAC), “a limpiar y restaurar completamente todos los antiguos campos de tiro y emplazamientos militares en Puerto Rico”.

Al recordar los informes de alta incidencia de enfermedades crónicas en Vieques, como el cáncer, las organizaciones mencionaron las multitudinarias protestas que se desataron en Puerto Rico y en la diáspora después que una bomba errante lanzada por un piloto de la Marina de Guerra mató al guardia de seguridad David Sanes, en abril de 1999.

“Ese movimiento generó una crisis política para el gobierno estadounidense, que se vio obligado a cesar todas sus operaciones en Vieques y cerrar la base después de más de seis décadas. Hoy, el pueblo puertorriqueño está listo para actuar de nuevo si continúa la reactivación militar del archipiélago”, agregaron las organizaciones.

El incremento en la militarización de Puerto Rico ha contado con el apoyo de la gobernadora Jenniffer González, republicana y quien busca ser aliada del presidente Donald Trump, y el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, quien hace caucus con los demócratas. Ambos, sin embargo, se han opuesto a cualquier intento de reanudar entrenamientos con fuego real en territorio puertorriqueño.

Pero los ejercicios han sido rechazados por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y congresistas demócratas liberales, entre ellos, las puertorriqueñas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, electas por distritos de Nueva York.

En momentos en que Trump quiere imponer su propio acento a la doctrna Monroe -un modelo imperialista de control en el hemisferio occidental-, cerca de 15,000 militares han sido movilizados al Caribe, donde se ha desplegado una decena de buques de guerra, incluido el principal portaaviones estadounidense, el USS Gerald Ford, al igual que decenas de aviones de combate F-35B, helicópteros AC-130 y drones.