Washington D.C. - Dos de los jueces conservadores del Tribunal Supremo estadounidense, Neil Gorsuch y Clarence Thomas, abogaron por revisar el significado de reconocerle poderes plenarios al Congreso sobre los territorios y las tribus indias.

En una opinión del 10 de noviembre en el caso Veneno versus Estados Unidos, a la que se unió el juez Thomas, el juez Gorsuch mantuvo que “nuestras decisiones sobre los poderes plenarios exigen una reconsideración si este tribunal pretende alguna vez dar coherencia al derecho y cumplir su promesa de fidelidad a la Constitución”.

La opinión disidente de Gorsuch es en respuesta a la decisión de la mayoría del Tribunal Supremo estadounidense de negarse a considerar una revisión solicitada por la defensa de Quentin Veneno, miembro de la nación Apache Jicarilla, quien fue declarado culpable de violencia doméstica.

Su abogado argumentó que el poder del gobierno federal sobre las tribus estadounidenses no puede extenderse a “criminalizar la conducta” de sus miembros contra otro integrante de la tribu en territorio indio. En ese sentido pidió revertir la jurisprudencia del caso Estados Unidos contra Kagama, de 1886, que validó el poder del gobierno federal para acusar a miembros de tribus que cometen delitos contra otro miembro por medio de la Ley de Delitos Graves.

Gorsuch, con el apoyo de Thomas, afirmó que incluso la cláusula para territorios de la Constitución estadounidense –que es la fuente del poder del Congreso sobre Puerto Rico-, “difícilmente puede otorgar autoridad al Congreso para regular la conducta en tierras tribales dentro de los estados”. “Tampoco, en realidad, la cláusula, correctamente interpretada, confiere al gobierno federal poder absoluto ni siquiera dentro de los propios territorios”, agregó el juez Gorsuch.

Para la organización Right To Democracy- que aboga por la democracia, equidad y libre determinación de los territorios estadounidenses y en ese sentido contra la doctrina de los Casos Insulares impuesta por el Tribunal Supremo de Estados Unidos- “la idea de que el Congreso tenga un poder absoluto e irrestricto sobre los territorios estadounidenses no se fundamenta ni en el texto ni en la historia de la Constitución de Estados Unidos”.

“Sin embargo, hasta ahora, la confianza del gobierno federal en este poder casi ilimitado nunca había sido cuestionada por ningún juez federal, y mucho menos por un magistrado de la Corte Suprema. Es significativo que dos magistrados estén cuestionando esta autoridad ilimitada del Congreso sobre la gente en los territorios estadounidenses”, dijo el abogado Neil Weare, codirector de Right to Democracy, organización que trabaja para promover la democracia, la equidad y la autodeterminación en los territorios estadounidenses.

Por medio de la jurisprudencia de los Casos Insulares, el Tribunal Supremo estadounidense determinó que Puerto Rico es un territorio no incorporado – no encaminado a la estadidad-, que pertenece a, pero no es parte, de Estados Unidos.

Adi Martinez Román, codirectora de Right to Democracy, señaló que “el repudio de este poder plenario por parte de estos dos jueces conservadores es oportuno a medida que nos acercamos al 250 aniversario de la Declaración de Independencia y consideramos lo que significa el ‘consentimiento de los gobernados’ para las personas en los territorios estadounidenses a quienes se les ha negado la autodeterminación durante más de 125 años”.

En el caso Estados Unidos versus Vaello Madero, en el que se descartó otorgar por la vía judicial la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) a Puerto Rico u otros programas sociales no autorizados por el Congreso, el juez Gorsuch expresó “sensibilidad particular – por no decir indignación-, sobre la fundamentación extra constitucional y racista de los Casos Insulares”, sostuvo el constitucionalista Carlos Ramos González, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana.

Entonces, Gorsuch afirmó en Vaello que “los gobiernos monárquicos y despóticos pueden tener el poder de actuar sin restricciones constitucionales escritas”, pero que el gobierno de Estados Unidos existe “en virtud de la Constitución, y no puede ignorar esa carta magna en los territorios, como tampoco puede hacerlo en los estados.”

La jueza puertorriqueña Sonia Sotomayor- que no intervino en la argumentación de Gorsuch en el caso -, criticó la doctrina de los Casos Insulares, como han hecho decenas de miembros del Congreso.

Para Ramos González, el juez Gorsuch – nombrado por el presidente Donald Trump-, “rechaza el invento” de la diferencia entre territorios incorporados y no incorporados, pero, además ha sido un defensor de los pueblos indígenas estadounidenses y de limitar la intervención del Congreso sobre ellos.

“En este voto particular disidente, (Gorsuch) reitera esa sensibilidad e indignación esta vez centrada en una importante reflexión sobre el poder plenario del Congreso recogido en la “cláusula territorial” que muy bien conocemos en Puerto Rico. Considera que ésta tiene que interpretarse conjuntamente con una limitación estructural que contiene la Constitución: el Congreso es uno de poderes limitados”, sostuvo.

Pese a que Gorsuch y Thomas no logran la intervención de las tres juezas liberales – Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson-, Ramos González sostuvo que traen a discusión una perspectiva pertinente para Puerto Rico, por ejemplo “si algún día se cuestiona directamente la constitucionalidad de una ley como PROMESA”.

Pero, también subrayó que Thomas, en el caso de Puerto Rico versus Franklin California, que invalidó la ley de quiebra criolla, utilizó la cláusula territorial y el poder plenario del Congreso, para invalidar la acción de la Legislatura puertorriqueña.

En 2024, bajo el gobierno de Joe Biden, el Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que toma medidas para asegurar que sus litigantes descartan plenamente utilizar la jurisprudencia racista de los Casos Insulares como defensa en controversias judiciales referentes a los territorios estadounidenses.

Al responder a 43 miembros del Congreso que reclamaron eliminar de las argumentaciones del Ejecutivo federal la teoría de los Casos Insulares, el entonces secretario adjunto de Justicia para Asuntos Legislativos, Carlos Felipe Uriarte, afirmó que el Departamento de Justicia tenía entonces como política pública condenar “inequívocamente la retórica y el razonamiento racista” de esa jurisprudencia del primer cuarto del siglo pasado.