Nydia Velázquez.
Nydia Velázquez, congresista demócrata boricua. (GFR Media)

Washington D.C. – La congresista demócrata boricua Nydia Velázquez (Nueva York) reclamó que el gobierno de Joe Biden exima a Puerto Rico durante un año de las normas federales de cabotaje, para facilitar su acceso a suministros claves, como el combustible, después de la emergencia causada por el huracán Fiona.

En unión a otros siete congresistas demócratas, Velázquez encabezó una carta al secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, quien tiene autoridad para recomendar ese tipo dispensa.

Además de Velázquez, firmaron la carta los congresistas demócratas boricuas Alexandria Ocasio Cortez y Ritchie Torres, electos por distritos de Nueva York, Jesús “Chuy” García (Illinois), Juan Vargas (California), Raúl Grijalva (Arizona), Carolyn Maloney (Nueva York) y Adriano Espaillat (Nueva York).

“La isla ahora enfrenta una batalla cuesta arriba sin precedentes para reconstruir sus hogares, negocios y comunidades. La flexibilización temporal de estos requisitos, con el propósito expreso de recuperación ante desastres, permitirá a Puerto Rico tener más acceso al combustible necesario para sus plantas de energía, alimentos, medicinas, ropa y materiales de construcción”, indicaron los legisladores.

Bajo la ley Jones de 1920, la transportación marítima de productos entre puertos con la bandera estadounidense -con excepción de las Islas Vírgenes de Estados Unidos-, tiene que hacerse en barcos de bandera, matrícula y tripulación (75%) estadounidenses.

Por décadas ha sido imposible derogar ese estatuto, debido al amplio apoyo que tiene entre demócratas y republicanos. Ha sido cuestionado, sin embargo, por algunos legisladores federales de ambos partidos.

Tan pronto llegó a la Casa Blanca, el presidente Joe Biden emitió un decreto por el cual reafirmó su defensa de las normas federales de cabotaje.

Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) -publicado en 2019-, calculó que derogar las normas federales de cabotaje puede tener un impacto positivo para la economía estadounidense de entre $19,000 millones y $64,000 millones.

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