Washington D.C. - La congresista demócrata boricua Nydia Velázquez solicitó al Departamento de Vivienda federal (HUD, por sus siglas en inglés) que examine las cualificaciones de empresas que recibieron $11.6 millones en contratos de la Administración de Vivienda Pública (AVP) de Puerto Rico.

Velázquez sometió una lista de preguntas al secretario de HUD, Scott Turner, en las que señala específicamente cuatro de los 16 contratos de administración, operación y mantenimiento de residenciales públicos otorgados en noviembre de 2025, que sostiene recayeron en compañías que pueden carecer de experiencia o que los recibieron después de hacer donativos al gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP).

La lista de preguntas fue presentada a Turner –para el récord del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, en el que Velázquez es la número dos de la minoría–, con ocasión de la audiencia pública del 21 de enero en la que el secretario de HUD declaró.

Velázquez planteó que los cuatro nuevos contratistas que menciona –CRACCO Group, Professional Management Company, Inc., A&M Contract, Inc. y Future Technology, Inc.– administran 12,775 unidades de vivienda pública.

La legisladora federal boricua, quien es la líder de la minoría en el Comité de Pequeñas Empresas, indicó que el dueño de CRACCO Group, Edwin Tirado Berríos, es responsable de la administración de 3,058 unidades, pero su experiencia es en negocios de alimentos y entretenimiento.

Añadió que Alfredo Ocasio Pérez, dueño de la empresa Professional Management Company y a cargo de 3,014 unidades de vivienda pública, dirigió la campaña del ahora presidente Donald Trump en Puerto Rico, en 2024. En una votación presidencial simbólica, en noviembre pasado en Puerto Rico, la candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, venció a Trump en proporción de 3 a 1.

“¿Se compromete usted a examinar las cualificaciones de estas empresas para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones federales de vivienda y, de este modo, evitar cualquier negligencia que afecte a las casi 13,000 familias atendidas por estas entidades?”, cuestionó Velázquez al secretario Turner.

También preguntó al jefe de HUD si colaborará con la minoría “en cualquier investigación o acción que emprenda con respecto a estas corporaciones para asegurar que todas las partes estén informadas del progreso logrado para garantizar una vivienda digna, sanitaria y segura para las familias puertorriqueñas”.

Al enviar sus preguntas, Velázquez recordó que, en 2023, los hermanos Walter y Eduardo Pierluisi Isern –primos segundos del entonces gobernador Pedro Pierluisi– se declararon culpables de malversar aproximadamente $3.7 millones en fondos de programas federales de vivienda entre 2014 y 2022.

Entonces, la empresa de Walter Pierluisi Isern, American Management & Administration (AMAC), administraba más de 5,000 unidades de vivienda pública en 12 municipios.

“¿Tiene conocimiento de alguna actualización que la AVP haya realizado a sus políticas internas que exijan una supervisión y presentación de informes estructurados para prevenir el fraude, el despilfarro y el abuso por parte de contratistas privados en el futuro?”, preguntó Velázquez.

La congresista también pidió explicaciones a Turner sobre cuántas viviendas públicas en Puerto Rico que se construyeron antes de 1978 –lo que las coloca en más riesgo de tener pintura con plomo– han sido inspeccionadas.

Además, reclamó conocer cuánto dinero la AVP recibió entre los años fiscales 2022 a 2025 por medio de los programas de Fondos de Capital para Riesgos Relacionados con la Vivienda (HRH) y Pintura a Base de Plomo (LBP), y de las subvenciones para la Demostración de Reducción de Riesgos por Plomo (LHRD) y el Control de Riesgos por Pintura a Base de Plomo (LBPHC). La congresista pidió que se le informe cómo ese dinero se ha utilizado.

La legisladora federal boricua solicitó, a su vez, informarle si la AVP cumplió con la recomendación de la Oficina de Inspector General (OIG) de HUD para capacitar al personal en el manejo de casos de niveles elevados de plomo en sangre (EBLL) y brindar asistencia técnica para desarrollar procedimientos escritos.

Velázquez advirtió que, según la organización Ayuda Legal Puerto Rico –que le llevó las preocupaciones sobre los contratos de AVP–, solo el 1% de los residentes de vivienda pública que enfrentaron demandas de desalojo por falta de pago en 2022 contaban con representación legal, por falta de información adecuada.

“¿Pueden proporcionar evidencia que demuestre que los residentes de vivienda pública en Puerto Rico tienen acceso regular a orientación que les permite estar plenamente informados de sus derechos legales y, por lo tanto, poder presentar quejas, solicitar audiencias en procedimientos de desalojo y denunciar condiciones de vivienda inseguras, entre otras acciones?”, cuestionó.