Washington D.C. - El Comité de Reglas de la Cámara de Representantes tiene atascadas este martes las normas de debate del proyecto de reautorización de la ley agrícola y, por ende, la enmienda del comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, que busca revivir la propuesta en favor de una transición para Puerto Rico del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés).

Aunque se da por sentado que la enmienda de Hernández será descartada, la legislación completa no ha terminado de tramitarse en el Comité de Reglas debido a nuevas quejas republicanas sobre la reautorización de la ley de vigilancia extranjera (FISA, en inglés) y la misma medida agrícola, que incluye los programas de asistencia alimentaria.

Originalmente, se pensó que el proyecto de ley agrícola sería aprobado con facilidad esta semana en el pleno cameral. Pero, ahora hay dudas, debido a los reclamos de algunos republicanos para que se elimine un lenguaje que protegería a fabricantes de pesticidas de potenciales demandas.

“Más de 100 pesticidas que son usadas por (corporaciones grandes agrícolas) han sido vinculadas al cáncer y muchas todavía son aprobadas para uso por la EPA (Agencia federal de Protección Ambiental)”, indicó la congresista republicana Anna Paulina Luna, en su cuenta de la red social X.

La enmienda de Hernández presentada ante el Comité de Reglas todavía aparece como sometida.

Pero, no se espera que avance ante la decisión del presidente del Comité de Agricultura de la Cámara baja federal, el republicano Glenn “GT” Thompson, de que no tiene cómo financiar el costo de la transición al SNAP, que la Oficina de Presupuesto del Congreso, según el congresista, calculó en unos $1,000 millones.

Hernández dijo que también presentaría una declaración escrita en respaldo a la propuesta enmienda y que defenderá la transición al SNAP en el pleno de la Cámara de Representantes.

Respecto a la reautorización de la ley FISA, el speaker Mike Johnson ha tenido problemas para avanzar la legislación ante la exigencia de un grupo de conservadores para que siempre se exijan órdenes judiciales antes comenzar a vigilar conversaciones entre residentes de Estados Unidos y personas del exterior.