Washington D.C. - Junto a legisladores federales, representantes de más de 150 organizaciones latinas exhortaron este miércoles al Congreso a rechazar la aprobación del proyecto de reconciliación fiscal que persigue financiar por tres años, “sin supervisión ni rendición de cuentas”, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

“Ni un centavo más a la aplicación indiscriminada, violenta e injusta de las leyes migratorias”, dijo el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, quien participó de la conferencia de prensa liderada por la Federación Hispana.

El Senado tiene previsto votar esta semana por el proyecto de reconciliación fiscal que el presidente Donald Trump pidió para financiar por tres años, fuera del proceso rutinario de asignaciones, ICE y CBP.

La medida, que asigna $72,000 millones, excluye los reclamos de los demócratas en favor de que cualquier nueva asignación de fondos para esas agencias de inmigración –que son parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés)– incluya reformas, luego de las denuncias sobre el asesinato de tres estadounidenses y violaciones de derechos civiles contra inmigrantes.

Al hablar de los operativos de inmigración en Puerto Rico, Hernández aludió a la situación en Barrio Obrero, donde muchos de los inmigrantes son dominicanos y la actividad comercial ha decaído.

“Es un pueblo fantasma... He oído historias de niños que dejan de ir a la escuela por temor, he conocido a personas que dejan de ir a los centros de salud”, indicó.

Por su parte, el congresista demócrata Jesús “Chuy” García (Illinois) afirmó que la región de Chicago y en específico su distrito 4, colindante con el barrio boricua, “han sido uno de los epicentros de la agenda de deportaciones masivas de esta administración”.

“Hemos sido testigos de la arbitraria y brutal represión en contra de nuestras comunidades”, dijo.

Tanto Hernández como García indicaron que, mientras busca financiar un plan de deportaciones que ha violentado derechos y dividido familias, la mayoría republicana del Congreso no ha tomado medidas para reducir la inflación y requerir a Trump que solicite autorización antes de continuar la guerra contra Irán.

Los demócratas han reclamado que cualquier presupuesto para ICE y CBP incluya nuevos requisitos para los agentes de inmigración, como el uso de mascarillas, cámaras corporales, órdenes judiciales para realizar allanamientos y el fin de los patrullajes itinerantes.

“DHS sigue siendo la más grande amenaza contra nuestra seguridad colectiva... Por más de un año, nuestras comunidades han vivido el secuestro, rapto, la detención ilegal de ciudadanos, la militarización de nuestras ciudades, el asesinato de nuestros vecinos”, indicó, por su parte, la congresista demócrata Delia Ramírez (Illinois), quien representa el barrio boricua.

Ramírez sostuvo que ICE debe ser desmantelado, para poder crear una nueva institución a cargo de implantar las leyes de inmigración.

Al abrir la conferencia de prensa, el presidente de la Federación Hispana, el puertorriqueño Frankie Miranda, dijo que, al terminar este miércoles, habrán visitado más de 100 oficinas del Congreso, en busca de que los legisladores federales frenen el esfuerzo de la administración Trump de financiar agencias de inmigración sin reformas y fuera del trámite regular de asignaciones.

Un proyecto de reconciliación fiscal puede aprobarse en el Senado fuera de la regla del filibusterismo, que requiere 60 votos para llevar una medida a votación final. Los republicanos, que controlan ambas cámaras del Congreso, tienen una mayoría de 53 a 47 en el Senado.

Previo al debate de esta semana, un grupo de republicanos –en medio de las críticas de la oposición– presionó para que el gobierno de Trump descartara asignar fondos para la seguridad del salón de baile que se construye en la Casa Blanca y el fondo de compensación para supuestas víctimas de persecución durante el gobierno de Joe Biden.

No obstante, todavía hay senadores de la mayoría republicana, como Lisa Murkowski (Alaska), que cuestionan la asignación de fondos a ICE y CBP independiente del proceso presupuestario rutinario.

Miranda recordó que el primer proyecto de reconciliación fiscal de este cuatrienio de Trump impuso nuevos requisitos para el acceso a programas como Medicaid y la Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) que han dejado a millones sin planes médicos, con menos ayuda alimentaria y reducido en decenas de miles de millones de dólares las asignaciones al Departamento de Educación de Estados Unidos.

Pero, argumentó, a su vez, que la medida permite que muchos de los recortes propuestos por la ley de reconciliación fiscal de 2025 –contrario a las reducciones de impuestos que ya están vigentes– entren en vigor en enero de 2027, dos meses después de las elecciones que renovarán toda la Cámara baja y un tercio del Senado.