El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, afirmó este jueves que el aumento de 18% en la factura de luz es responsabilidad de la administración de Jenniffer González, que debe buscar alternativas para dar un alivio temporero a los ciudadanos.

“La gente no puede seguir pagando por errores de otros”, dijo Hernández, al indicar que el aumento en el costo de la electricidad “no es por mala suerte”, sino que “es el resultado de una reconstrucción lenta, de plantas averiadas y de un sistema que depende de una sola empresa para recibir el gas”.

Al proponer medidas que mitiguen el alza, Hernández –presidente del Partido Popular Democrático– exhortó al gobierno a otorgar un alivio temporal a los ciudadanos, sin crear un déficit presupuestario.

Tras la decisión del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) de aumentar la tarifa, los abonados del sistema eléctrico pagarán, entre octubre y diciembre, una factura récord de 33.86 centavos por kilovatio hora (kWh).

El NEPR acogió, en gran medida, la petición de ajuste que LUMA Energy le presentó, a partir de los costos de combustible reportados por Genera PR, así como las proyecciones en ese renglón para el trimestre que ahora comienza. Debido al aumento, un cliente residencial sin subsidio que consume 800 kWh al mes tendrá una factura de $270.86, un aumento de $42.27.

“Si se encontraron $554 millones para el cheque de alivio contributivo, debe poderse identificar recursos para aliviar la factura de luz mientras dure esta crisis, junto con incentivos para que las familias ahorren energía. Otras posibles medidas incluyen la reducción de la crudita y el trabajo a distancia”, indicó Hernández.

La decisión del NEPR se tomó en medio de la disputa que New Fortress Energy (NFE) –suplidor de gas natural para las plantas generatrices del norte– mantiene con los prácticos de la bahía de San Juan por la entrada de un buque cisterna, lo que ha obligado a utilizar diésel desde mediados de septiembre, a un costo casi cuatro veces más alto.

El comisionado residente criticó que NEPR haya dejado fuera del análisis sobre la factura el cobro de $75 millones vinculados a “alegados incumplimientos” de NFE.

Hernández sostuvo que corresponde a la administración de González asegurar la entrada de gas natural a San Juan y presentar un plan B, en referencia a tener “otro suplidor con contrato firmado por si New Fortress vuelve a fallar”.

“El conflicto en el Medio Oriente ha empeorado los precios, pero no lo explica todo: el propio Negociado señaló plantas fuera de servicio y fallas en la entrega de gas”, sostuvo

Hernández afirmó que “cada día que se quema diésel se paga en la factura”. “El gobierno debe garantizar el suministro de gas finalizando su contrato de respaldo y comenzando a utilizar a los otros proveedores de gas natural licuado en la isla”, dijo.

Para Hernández, quien está en San Juan, la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia debe informar cuántos fondos del programa que asiste con el pago de energía a personas de bajos recursos económicos (LIHEAP, en inglés) tiene disponibles.

Recordó que la Oficina de Contraloría General advirtió, en julio, que cerca de $14,000 millones asignados para ayudar a rehacer la red eléctrica estaban sin desembolsarse hace solo unos meses.

“El gobierno negoció con New Fortress un contrato de gas que la propia Junta de Supervisión Fiscal criticó por falta de competencia. Hoy, esa empresa controla el única terminal por donde entra el gas a San Juan. Desde el 16 de septiembre, las unidades #5 y #6 de la central San Juan no reciben gas y estamos quemando diésel, que es cuatro veces más caro”, agregó.