Washington D.C. - La coalición de la diáspora Power4Puerto Rico afirmó este domingo que, nueve años después de la catástrofe causada por el huracán María, los gobiernos estadounidense y puertorriqueño comparten responsabilidad por el retraso en la reconstrucción y la reducción en la calidad de vida a que se enfrentan los boricuas de la isla.

“Los puertorriqueños aún viven con las consecuencias de los desastres que devastaron la infraestructura, la vivienda, los sistemas de agua y la red eléctrica de la isla. El gobierno federal tiene una enorme responsabilidad por las fallas, las demoras y las injusticias estructurales que han marcado la recuperación de Puerto Rico. Pero la rendición de cuentas no puede quedarse en Washington”, indicó la organización, en una declaración escrita.

Según Power4Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, cuyo Ejecutivo ha estado en manos del Partido Nuevo Progresista (PNP) la última década, “también debe rendir cuentas”.

“Durante años, la coalición Power4Puerto Rico y sus socios han denunciado la interferencia política del gobierno de (Donald) Trump en los fondos para la recuperación. Sin embargo, no hay excusa para que el gobierno de Puerto Rico deje sin usar los fondos para la reconstrucción ni para que implemente políticas locales que profundicen la dependencia de la ayuda y los fondos estadounidenses que los defensores de la estadidad afirman querer superar”, indicó.

En un informe del 1 de julio, la Oficina de Contraloría General (GAO) indicó que, de los cerca de $17,100 millones que considera que el gobierno federal ha asignado para reconstruir la red eléctrica de Puerto Rico, a finales de 2025, solo se había desembolsado cerca de una quinta parte.

“Este historial plantea una pregunta fundamental: cuando un gobierno electo fracasa repetidamente en la asignación de los recursos disponibles necesarios para reconstruir la infraestructura pública esencial, ¿quién se beneficia de la crisis resultante?“, cuestionó.

Al mismo tiempo, Power4PuertoRico exigió “al gobierno de Puerto Rico que acelere, de inmediato, el uso de los fondos de recuperación asignados para necesidades públicas urgentes, incluyendo infraestructura hídrica, vivienda asequible e instalación de paneles solares en techos”.

“El pueblo de Puerto Rico no debe ser sometido a sistemas públicos diseñados para fracasar y así dar paso a planes de privatización”, agregó Power4Puerto Rico.

Para la organización, no se puede entender la crisis actual en Puerto Rico sin reconocer que el marco colonial vigente “ha sofocado su capacidad para determinar su propio bienestar y futuro”.

“La junta de control fiscal impuesta por el Congreso y sus políticas de austeridad, la Ley Jones (de 1920 y sus normas de cabotaje), las restricciones que socavan la soberanía alimentaria y las políticas tributarias federales que facilitan el desplazamiento de los puertorriqueños por parte de inversionistas extranjeros adinerados, forman parte de ese sistema operativo más amplio. Estas y otras políticas deben ser confrontadas y revertidas a nivel federal”, agregó la coalición de la diáspora.

El huracán María causó cerca de 3,000 muertes en Puerto Rico y graves daños en la infraestructura a partir del 20 de septiembre de 2017, incluyendo el derrumbamiento del sistema eléctrico.

El gobierno de Puerto Rico estimó en cerca de $90,000 millones los daños.