La Asociación de Abogados de la ciudad de Nueva York exhortó este jueves a los gobiernos puertorriqueño y estadounidense a rendir cuentas y tomar acciones que permitan mitigar la crisis en el suministro de agua que enfrentan amplios sectores de Puerto Rico, a causa de una sequía y problemas de infraestructura.

Por medio de su Grupo de Trabajo sobre Puerto Rico, la Asociación de Abogados neoyorquinos reclamó explicaciones “por las decisiones, omisiones y fallas que han contribuido al continuo deterioro del sistema de agua de Puerto Rico”.

“La escasez de agua ha afectado a los puertorriqueños durante décadas, incluso, tras los huracanes Irma y María en 2017. Sin embargo, la sequía que se ha producido desde abril de 2026, agravada por una infraestructura obsoleta y en mal estado, ha intensificado la situación de emergencia, provocando cortes de agua recurrentes, un suministro insuficiente e interrupciones prolongadas del servicio”, indicó la organización de abogados, en una declaración.

En momentos en que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA) ha informado que pierde sistemáticamente cerca del 60% del agua que produce debido a fugas en las tuberías y desbordamientos, la Asociación sostuvo que la “mala gestión” de la corporación pública “ha agravado esta situación”.

“Un registro fáctico transparente, que proporcione una hoja de ruta clara para la rendición de cuentas en todas las agencias gubernamentales pertinentes, es esencial para resolver definitivamente la crisis del agua de Puerto Rico”, agregó.

Para la Asociación de Abogados de Nueva York, las autoridades de Puerto Rico deben contestar desde cuándo conocían de las debilidades de infraestructura que antes de la sequía habían causado una interrupción del servicio de agua potable en sectores de la zona metropolitana de San Juan.

“¿Cuándo tuvieron conocimiento los funcionarios responsables de la situación? ¿Qué información poseían? ¿Qué medidas correctivas estaban disponibles? ¿Qué recursos se tenían a mano? ¿Qué proyectos se retrasaron o aplazaron? ¿Qué alternativas se consideraron? ¿Qué medidas se tomaron y cuándo?”, cuestionó.

Por un lado, la organización instó al Congreso –por medio de sus comités con jurisdicción sobre Puerto Rico– a convocar audiencias de supervisión sobre el papel del gobierno federal en la crisis hídrica que padece el archipiélago puertorriqueño, y a la gobernadora Jenniffer González a que solicite una declaración de desastre mayor para acceder a mejor asistencia para comerciantes y ciudadanos en general.

La Asociación señaló que el Congreso y el gobierno de Puerto Rico deben exigir a oficinas con jurisdicción de ambos gobiernos –sobre todo, a la AAA– “un registro público que detalle sus respectivas funciones y responsabilidades con respecto al sistema de agua de Puerto Rico, en particular en lo que respecta a la confiabilidad del servicio, el mantenimiento de la infraestructura, las inversiones de capital y la respuesta a emergencias”.

“Se debe realizar una evaluación independiente del sistema de agua de Puerto Rico y una auditoría de los recursos federales destinados a su mantenimiento y operación. La Oficina de Contraloría General (GAO) debería examinar el estado de la infraestructura hídrica de Puerto Rico, las causas de las fallas recurrentes del servicio y la pérdida de agua, la adecuación del mantenimiento y la inversión de capital, y la efectividad de la asistencia federal”, añadió.

La Asociación de Abogados de la ciudad de Nueva York propuso que esa evaluación incluya “una auditoría de todos los fondos federales dirigidos al sistema de agua de Puerto Rico, incluyendo los montos asignados, desembolsados ​​y gastados; los proyectos para los cuales se designaron dichos fondos; el estado de los proyectos; y las razones de las demoras significativas, las cancelaciones o las obras inconclusas”.

“Las agencias federales y del Estado Libre Asociado deberían desarrollar conjuntamente un plan público plurianual que identifique los proyectos de infraestructura prioritarios, las agencias responsables, las fuentes de financiamiento, los plazos, los estándares medibles de confiabilidad del servicio, los protocolos de emergencia y los mecanismos de información pública en el sistema de agua potable de Puerto Rico. Este plan debería establecer parámetros objetivos para la continuidad del servicio, la reducción de fugas, la reparación de la infraestructura, la finalización de proyectos y el suministro de agua en casos de emergencia”, agregó.