Washington D.C. - Para un gobierno estatal o tribal tener acceso a la asistencia de emergencia de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), debe demostrar “que el incidente excede las capacidades estatales, territoriales, tribales o locales”, según un funcionario de esa oficina estadounidense.

La ley Stafford, que regula la declaración de emergencia que emite un presidente, establece que una emergencia puede ser declarada en Estados Unidos y sus territorios cuando se requiere “asistencia federal para complementar los esfuerzos y capacidades estatales y locales para salvar vidas y proteger la propiedad, la salud y la seguridad públicas” o disminuir la amenaza de una catástrofe.

Mientras, un desastre mayor es definido por el estatuto como una “catástrofe natural” –incluidos huracanes, tornados, tormentas, crecidas, inundaciones, maremotos, tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra, aludes de lodo, tormentas de nieve o sequías– que, a juicio del presidente de Estados Unidos, causa daños “de suficiente gravedad y magnitud como para justificar la asistencia por desastre mayor en virtud de esta ley, a fin de complementar los esfuerzos y los recursos disponibles de los estados, los gobiernos locales y las organizaciones de ayuda humanitaria para paliar los daños, las pérdidas, las dificultades o el sufrimiento causados por dichos desastres”.

Esta semana, en una entrevista en Nueva York con la cadena de televisión MS NOW, la gobernadora Jenniffer González afirmó que “es necesario agotar todos los recursos locales antes de solicitar una declaración de emergencia nacional” debido a la sequía que impacta a cientos de miles de personas en Puerto Rico.

Para González, la emergencia no ha llegado a ese punto.

Pero, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, le salió al paso y dijo que esa es una interpretación errónea de la ley Stafford.

Hernández hizo referencia a la regla federal que rigió la asistencia a Nueva York y Nueva Jersey después de la tormenta Sandy de 2012, que, según el registro federal, advierte que la base “para cualquier solicitud estatal de declaración de desastre mayor debe ser la constatación de que la situación es de tal gravedad y magnitud que una respuesta eficaz está más allá de las capacidades del Estado y de los gobiernos locales afectados”.

Además, se indica que la asistencia federal en virtud de la ley Stafford debe ser “necesaria para complementar los esfuerzos y los recursos disponibles del Estado, los gobiernos locales, las organizaciones de ayuda en casos de desastre y la compensación por seguros por las pérdidas relacionadas con el desastre”.

FEMA, por medio de una portavoz oficial, afirmó que González –republicana y trumpista– actúa “con responsabilidad al utilizar las herramientas disponibles, coordinarse con los socios federales y obtener apoyo para Puerto Rico”.

“(La gobernadora) está liderando una respuesta coordinada y su administración está trabajando con éxito con FEMA. FEMA ya está apoyando la respuesta de Puerto Rico en materia de agua mediante el arrendamiento de 16 camiones cisterna, cada uno con capacidad para transportar hasta 6,000 galones a lugares críticos identificados por el gobierno de Puerto Rico, lo que ayuda a mitigar el impacto en más de 180,000 usuarios”, indicó Victoria Barton, portavoz de FEMA.

Según Barton, “FEMA continuará coordinando estrechamente con la gobernadora González, el gobierno de Puerto Rico y los socios federales a medida que evolucione la situación”.

El pasado miércoles, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos declaró que existe un desastre en 26 municipios de Puerto Rico a causa de la sequía, lo que dará acceso a asistencia federal para agricultores y productores agrícolas.

Los municipios incluidos en la declaración como primarios son: Cabo Rojo, Coamo, Guánica, Guayanilla, Juana Díaz, Lajas, Peñuelas, Ponce, Sabana Grande, Salinas, San Germán, Santa Isabel y Yauco. Otros 13 fueron incluidos como municipios contiguos: Adjuntas, Aibonito, Barranquitas, Cayey, Guayama, Hormigueros, Jayuya, Lares, Maricao, Mayagüez, Orocovis, Utuado y Villalba.

Los 26 tendrían acceso a préstamos de emergencia, para cubrir el costo de reemplazar propiedad esencial, cubrir costos de producción y refinanciar alguna parte de sus deudas.