A la izqueirda,Issel Masses, directora ejecutiva de Sembrando Sentido.
A la izqueirda,Issel Masses, directora ejecutiva de Sembrando Sentido. (Suministrada)

Washington D.C. – La organización Sembrando Sentido presentó en la capital estadounidense su plataforma, ahora disponible en inglés, que ofrece un mejor acceso a la evaluación de los contratos del gobierno de Puerto Rico, reconociendo que aún es débil la transparencia y complicada la fiscalización de las transacciones públicas en la Isla.

En momentos en que la avalancha de fondos federales que ha recibido la Isla en los pasados cinco años debido a los desastres naturales y la pandemia del COVID-19 - por encima de las asignaciones regulares-, pueden haber rondado los $120,000 millones y que los arrestos de funcionarios públicos por actos de corrupción han sido consecuentes, Issel Masses, directora ejecutiva de Sembrando Sentidos, advirtió que “nuestros sistemas de auditoría cada vez están más desmantelados y tienen menos recursos”.

“Estamos creando una receta para el desastre. Los problemas sistémicos tiene que atenderse”, dijo Masses, en una entrevista después de un evento que tuvo el jueves en la noche en un local de Washington D.C., en el que reunió a funcionarios del Ejecutivo estadounidense, el Congreso federal y entidades internacionales, así como de organizaciones cívicas.

Sembrando Sentido, en la página digital contratosenley.org, ha creado una herramienta que permite un mejor acceso a los datos sobre contratos públicos.

En comparación con otras jurisdicciones, todavía las bases para evaluar el otorgamiento de contratos son limitadas. “El sistema está súper fragmentado”, afirmó Masses, quien se reunirá con funcionarios del gobierno de Estados Unidos para explicar lo que hasta ahora han podido analizar.

Sembrando Sentido ha implantado en su análisis tres de más de 90 ‘banderas rojas’ que pueden servir de guías para fiscalizar la contratación pública. Pero, la organización ya ha calculado que en momentos en que crece la asignación de fondos federales anualmente se distribuyen contratos gubernamentales en Puerto Rico que rondan los $13,600 millones.

Ha acentuado que el mayor riesgo de corrupción está en la contratación pública. Solo en el pasado año han sido arrestados siete alcaldes o exalcaldes de la Isla, al igual que varios contratistas, por denuncias de corrupción.

Masses sostuvo que hay más de 100 leyes y reglamentos distintos que regulan la contratación pública, lo que complica el análisis sobre la situación en Puerto Rico, donde se ha estado en los últimos años de emergencia en emergencia, debido a la crisis fiscal y de deuda pública, los huracanes de 2017, los terremotos de 2020, la pandemia del COVID-19 y el ciclón Fiona de hace dos meses.

Pese a ello, Masses advirtió que al gobierno central y los municipios se les hace demasiado fácil adoptar decretos que tachan los controles existentes. “Aunque existen reglamentos para llevar a cabo unos procesos que implican establecer unos controles, en procesos de emergencia con una orden ejecutiva del gobernador o (acciones) administrativas de los alcaldes es suficiente para eliminar esos controles”, afirmó Masses.

Hay controles adicionales en el área del dinero asignado para mitigar desastres, pero la falta de transparencia, según Masses, “hace difícil que el sector privado pueda licitar y prepararse con tiempo” y que los ciudadanos estén informados.

Sembrando Sentido ha calculado que casi dos tercios de los contratos otorgados para proyectos de recuperación y reconstrucción (63%), tras los huracanes Irma y María de 2017, han ido a empresas con base en Estados Unidos.

La situación se le hace aún más complicada al empresario local cuando se enfrenta a propuestas no solicitadas por el gobierno de Puerto Rico, pues esas empresas, que suelen tener gran respaldo financiero, reciben ventajas en equidad y costo.

La competición por contratos, sostuvo Masses, cada vez se convierte más en la excepción.

Masses ha abogado porque se legisle en Puerto Rico para armonizar los procesos de contratación pública. “Entiendo que la contralora (Yasmín Valdivieso) tratará de retomar el tema y dentro de lo que se pueda hemos ofrecido nuestro apoyo”, agregó.

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